El Tribunal Supremo juzgará durante dos semanas si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en el delito de revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda. Se trata de la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.

Álvaro García Ortiz, que será el último en declarar, está acusado de haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconocía “de común acuerdo” con su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda en su nombre en busca de un acuerdo que rebajase su petición de condena.

El Supremo considera que las pruebas permiten concluir “de forma provisional” que la filtración del correo “que contenía información reservada” fue “una actuación coordinada e impulsada personalmente por el Fiscal General del Estado”.

En este sentido, el instructor Ángel Hurtado sostiene que cometió un delito de revelación de secretos por facilitar a la ‘Cadena SER’ el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto.

El magistrado asegura que García Ortiz, “aprovechando” la información publicada por ‘El Mundo’ el 13 de marzo de 2024 –en la que se aseguraba que fue Fiscalía quien ofreció pactar al empresario–, entró en una dinámica de “un frenético intercambio de comunicaciones” para hacerse con la cadena de correos entre el fiscal del caso, Julián Salto, y Neira que finalmente se filtró a la prensa.

Hurtado cree que García Ortiz actuó para “ganar el relato a esa información” sobre algo de “tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa” para pactar.

También sospecha que, en paralelo desde la Fiscalía, y antes de que los medios lo difundieran, este ’email’ se envió a Pilar Sánchez Acera, entonces cargo de Moncloa.

Para el juez, todo ello, más el borrado de su móvil, son indicios de que García Ortiz fue el filtrador. Una tesis de la que ha discrepado desde el origen la teniente fiscal, que rechaza que García Ortiz filtrase ningún correo con información que “ya era conocida” por otros, y defiende que recabó información de subordinados para difundir una nota de prensa que desmentía noticias “inveraces publicadas” por algunos medios y “responsables públicos”.

“Rotundamente no”

No será hasta la recta final del juicio, el 12 de noviembre, cuando el fiscal general tome la palabra. Ante el juez, negó tajante haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso -“rotundamente no”- y se mostró “seguro” de que ningún fiscal lo hizo.

La Abogacía del Estado defiende que García Ortiz, en base al Estatuto de la carrera, pidió los correos para informar verazmente, y alude a una campaña “perfectamente orquestada” en la que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, diseñó un “relato alternativo” y trasladó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por “órdenes de arriba”.

Las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña y una asociación de fiscales- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.

Como ocurrió cuando declaró ante el juez, el fiscal general entrará por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y está previsto que en el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados, y con toga, informan a EFE fuentes fiscales.

Lo previsible es que una representación de fiscales, entre ellos varios fiscales de Sala, estén presentes en algunas sesiones en apoyo al fiscal general, y también algún miembro de alguna asociación.

Por el Palacio de las Salesas -sede del Supremo- desfilarán hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.

Pese a lo inédito de la cita, el Supremo ha rechazado ofrecer señal en directo, como sí ocurrió en el juicio por el proceso independentista catalán, en 2019. Los más de 200 periodistas de 59 medios acreditados podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido.

Además, en el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público más veinte periodistas.

Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Al fiscal general lo defenderán los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -que fue abogada general del Estado-, y en representación de la Fiscalía estarán la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.

Participará también como acusación particular el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, y como populares, dos letrados del Colegio de la Abogacía de Madrid, uno de Fundación Foro Libertad y Alternativa (que agrupa a Vox y Hazte Oír), dos de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno del autodenominado sindicato Manos Limpiasv>