Álvaro Galán.- El Gobierno ha decidido enviar un buque de la Armada al Mediterráneo para “proteger” a la flotilla humanitaria que pretende llegar a Gaza. La medida se ha anunciado como si fuera un gesto de firmeza y compromiso con el derecho internacional. En realidad, es un movimiento precipitado, arriesgado y de dudosa utilidad práctica que abre más problemas de los que resuelve.

Lanzar una decisión de este calibre desde un atril en Nueva York, sin un debate público ni un respaldo parlamentario serio, es un ejemplo de política improvisada. El gesto busca titulares, pero ignora las consecuencias. Mandar un buque de guerra junto a una flotilla civil no es un gesto simbólico: es entrar en un terreno militarizado con riesgo de confrontación.

Confundir protección con provocación

El discurso oficial habla de “rescate” y de “protección”. Pero un barco de la Armada, por definición, no es un simple observador. Es una presencia armada que inevitablemente eleva la tensión. Se quiera o no, su despliegue transmite un mensaje de confrontación. Y cuando se actúa en aguas disputadas, basta un malentendido o una maniobra torpe para que la situación se descontrole.

El Gobierno sabe que se mueve en un terreno gris del derecho internacional. La libertad de navegación no autoriza a escoltar barcos que buscan romper un bloqueo militar sin un mandato internacional claro. La falta de cobertura de la UE, la OTAN o la ONU convierte esta misión en una jugada unilateral con más valor propagandístico que jurídico. Y eso, tarde o temprano, pasará factura en el plano diplomático.

Riesgo desproporcionado para un beneficio mínimo

¿Qué se consigue en la práctica? Muy poco. Un solo buque no puede garantizar seguridad real frente a drones, sabotajes o acciones asimétricas. Su utilidad militar es mínima. En cambio, el coste político y diplomático puede ser enorme: deterioro de alianzas, choque con actores regionales y exposición de militares españoles a situaciones de riesgo sin objetivos claros.

Existen opciones más responsables y efectivas: impulsar un mandato europeo, coordinar corredores humanitarios bajo supervisión internacional, o reforzar la vía diplomática con mecanismos de presión legal y política. Pero en lugar de eso, se ha optado por un despliegue vistoso que sirve para calmar titulares, no para resolver problemas.

Enviar un buque al Mediterráneo no es un acto de valentía política, sino de temeridad. Es un símbolo vacío que compromete a la Armada en una misión confusa y que arriesga a España en un tablero explosivo. Gobernar no es improvisar gestos de propaganda con barcos de guerra; gobernar es medir consecuencias, respetar marcos legales y proteger realmente los intereses del país. Y esta decisión, sencillamente, no lo hace.