Tal y como estaba previsto, ayer se procedió a la apertura oficial del curso Judicial 2025-2026, en un solemne acto institucional en el Tribunal Supremo, presidido por S.M. el Rey. La noticia –no por previsible, menos insólita– fue la presencia en la presidencia, sentado junto a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo Isabel Perelló, de un Fiscal General del Estado a un paso de ser juzgado por el Tribunal Supremo. Como es sabido, por un presunto delito de revelación de secretos, cometido con la intención de dañar a la gran adversaria política de su mentor Pedro Sánchez.

La referida política es Isabel Díaz Ayuso, que en un acto desarrollado simultáneamente en Arganda, hizo una afirmación que resulta muy adecuada a lo sucedido. En referencia a la ausencia en el mismo por parte de Núñez Feijóo, presente en el suyo, alabó su conducta porque «no se puede normalizar lo que no es normal».

Por supuesto, no fue la única frase destacada al respecto, comenzando por el propio García Ortiz, que en su discurso afirmó ser consciente de las circunstancias que rodeaban su intervención en el acto, pero que lo hacía por «respeto a la Justicia y la verdad».

Pronunciado eso solemnemente en presencia de quienes y donde le deben juzgar, no parece que sea la mejor forma de defender ni a la justicia ni a la verdad, ¿O acaso quiere decir que ese respeto exige de sus juzgadores que le absuelvan? Porque, en caso contrario, debería inferirse que no habrían actuado con justicia, faltando a la verdad de los hechos. Y que, en cualquier caso, arroja sobre ese próximo procedimiento judicial una losa de presión política inaceptable e impensable. Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ afirmó que «los jueces no obedecemos órdenes de nadie» y «que los ataques al Poder Judicial para desacreditarlo son inaceptables».

Es un ejemplo vivo de la actual situación de nuestro Estado de Derecho, a la que le ha llevado la voluntad autocrática del líder del sanchismo, que descalifica a los jueces que «osan» investigar a su esposa, a su hermano o a las dos personas de su máxima confianza política.

Además del Fiscal General del Estado, que no dimite ni le cesa, cual si fuera «su» Fiscal General, creyendo que él es el sucesor del monarca absolutista Luis XIV («l’État, c’est moi»), ya que él es la encarnación del Estado.

Imaginemos la actuación de la fiscalía en ese proceso, teniendo que decidir si actúa conforme a la obediencia debida a la jerarquía o a lo que establece la ley. Nuestro Estado de Derecho no merece este patético espectáculo.