El Gobierno de Sánchez convierte en dominio público parcelas privadas arrasadas por la riada en Valencia y no indemniza a sus propietarios
LG.- La riada que azotó la Comunidad Valenciana en octubre del pasado año dejó tras de sí un paisaje agrícola destrozado, especialmente en zonas como Requena-Utiel, donde los viñedos fueron arrasados y los cauces de los ríos cambiaron de forma radical. Diez meses después, buena parte de esas fincas han sido absorbidas por el Estado al ser catalogadas como Dominio Público Hidráulico (DPH), lo que ha dejado a cientos de agricultores sin tierras y sin compensaciones claras, según adelanta El Debate.
El concepto de DPH incluye tanto las aguas como los márgenes inundables de ríos y ramblas, bienes que pasan automáticamente a ser propiedad pública. Para los agricultores afectados, esto se traduce en la pérdida total de la titularidad de sus fincas, aunque se tratara de explotaciones en plena producción, con riego reconocido y derechos de la PAC vigentes. El problema no es sólo económico: también se abre un laberinto jurídico, ya que los dueños ven cómo sus parcelas se esfuman del registro y dependen enteramente de lo que determine la administración.
Los testimonios desde el terreno muestran la magnitud de la catástrofe. Laura Pérez, viticultora de Requena, asegura que en julio aún estaban valorando sus cuatro hectáreas de viñedo junto al río Magro: «Han pasado mis tierras al Dominio Público Hidráulico, así que ya no existen para mí y sigo sin saber qué hacer». Otro agricultor, Antonio García, de Utiel, lamenta que se acerca la vendimia y todavía no puede entrar a cosechar porque sus parcelas, pese a la promesa de reparaciones, siguen sin arreglarse.
La Unió Llauradora calcula que sólo en viñas destinadas a cava, como las de Laura, las pérdidas superan los 50.000 euros en un año. Su vicesecretario, Luis Javier Navarro, reclama al Ministerio de Transición Ecológica un procedimiento claro: que se actualicen los mapas del SIGPAC, que se notifique personalmente a cada propietario y que se abra un plazo para alegaciones. Además, piden que se reconozca el derecho a trasladar los permisos de riego, los pozos y las ayudas de la PAC a nuevas fincas, de forma que no se pierdan los ingresos futuros.
El diario El Debate ha comprobado que, a día de hoy, las delimitaciones del DPH aún no se reflejan en el visor público del SIGPAC, lo que alimenta la incertidumbre. En paralelo, la Consejería de Agricultura ha anunciado un paquete de 145 millones de euros en ayudas, con 103 millones previstos para 2025 y 25 millones más destinados a infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, la oposición acusa al Ejecutivo central de «silencio inaceptable» y denuncia que las compensaciones calculadas están por debajo del valor real de las tierras.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Agricultura asegura que hasta julio de 2025 se habían abonado 77 millones de euros a 9.242 agricultores por pérdidas de renta, además de habilitar créditos ICO a bajo interés, aunque más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por problemas administrativos. A ello se añaden los 51 millones pagados por Agroseguro a explotaciones aseguradas.
El 15 de agosto se publicó un nuevo listado con 2.579 agricultores que recibirán 15 millones de euros adicionales para daños no cubiertos por seguros, y 31 viveros que accederán a 2,3 millones. No obstante, los más perjudicados —aquellos cuyas parcelas han pasado a ser dominio público— siguen sin saber cuánto ni cuándo cobrarán, ya que el Gobierno no ha ofrecido cifras específicas para estos casos.
