Rafa Gómez-Santos Martín.– El gobierno español ha asignado a Huawei, empresa china vinculada al régimen de Pekín, un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar escuchas judiciales.

Esta decisión afecta a datos sensibles usados por policía e inteligencia, desafiando las recomendaciones de la UE sobre proveedores de alto riesgo.

Huawei ya presta soporte técnico a SITEL, el sistema español de interceptación legal, y su involucramiento crece pese a la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017, que permite al Estado chino exigir cooperación. La UE, en su Toolbox de Ciberseguridad 5G, sugiere limitar a empresas como Huawei, mientras España las excluye de redes 5G pero las aprueba para vigilancia.

Esta decisión pone en jaque la seguridad pública y el orden institucional, pilares de una sociedad que protege a la familia y las tradiciones. Expertos advierten que datos sensibles podrían ser accesibles para un gobierno extranjero, erosionando la autoridad legítima y el respeto por las instituciones democráticas.

Fuentes internas de la Policía Nacional y la Guardia Civil expresaron inquietud a La Gaceta, señalando: “Estamos usando sistemas no confiables para operaciones sensibles”.

Euronews destacó el 13 de julio que esta paradoja debilita la soberanía digital europea.

La contratación expone a España a riesgos de espionaje, contradiciendo la defensa de la privacidad y la seguridad nacional. El vínculo de ex líderes como José Luis Rodríguez Zapatero con Huawei, reportado por La Gazeta, sugiere influencias políticas que comprometen el tejido social.

Esta decisión, alineada con políticas de gobiernos progresistas, refleja una peligrosa negligencia que prioriza intereses comerciales sobre la seguridad y los valores tradicionales, dejando a España vulnerable ante amenazas externas.