El actual gobernador del Banco de España ha cruzado una línea que preocupa a muchos dentro y fuera de la institución. Su último movimiento, un intento de prolongar su mandato más allá de los seis años legalmente establecidos, ha encendido todas las alarmas. La independencia del Banco de España, piedra angular de su credibilidad, parece hoy más comprometida que nunca.

Primero fue el informe anual, que no sólo fue polémico por su contenido, sino que provocó la salida forzada del jefe de economía de la institución, un técnico de reconocida trayectoria. Muchos lo interpretaron como una purga interna para eliminar voces críticas y consolidar una línea afín al Ejecutivo. Poco después, llegaron tres dimisiones más, reflejo del profundo malestar que se vive en los pasillos del Banco. La desbandada recuerda a su etapa como ministro de Seguridad Social, cuando varios altos cargos también decidieron abandonar su equipo por diferencias irreconciliables.

El Servicio de Estudios, tradicionalmente prestigioso y autónomo, está perdiendo su esencia. La presión política, la censura velada y los nombramientos a dedo han minado la credibilidad de sus análisis. A esto se suma el polémico plan para trasladar personal a Barcelona, una medida que muchos interpretan como un gesto de complacencia hacia el Gobierno en clave territorial.

Los críticos lo describen como un hombre sectario y airado, más preocupado por contentar a Moncloa que por preservar el rigor y la independencia de una institución clave para la estabilidad económica del país. Su actitud ha despertado la sospecha de que aspira a convertirse en una suerte de “ministro 23”, ganándose el favor de Pedro Sánchez a base de gestos políticos desde un cargo que, por ley y por tradición, debe mantenerse al margen de los vaivenes partidistas. La deriva del Banco de España bajo su mandato debería preocupar a todos. No se trata solo de un conflicto interno, sino del deterioro de una de las instituciones que debe velar por la salud financiera del país con independencia, transparencia y responsabilidad. Si su objetivo es servirse del cargo para proyectar una carrera política o complacer al poder de turno, el coste para la democracia será alto.