Sabemos que el último ultimátum de Puigdemont ha significado que al fin su innegociable cuestión de confianza vaya a ser debatida en el Congreso de los Diputados una vez que ayer ya fue calificada por la Mesa. Tan cierto es que no tiene efectos legales -como en el caso de que la planteara el mismo presidente del Gobierno- como que sí tendrá efectos políticos. Que es de lo que se trata por parte de Puigdemont, que mantiene a Sánchez sometido a un examen semanal del que depende su permanencia en la Moncloa, su único objetivo.

Estamos en un tiempo en el que el interés general de España y el bien común de los españoles, que representan el superior criterio que debe regir a la política de todo gobierno digno de tal consideración, ahora lo decide Puigdemont. Una persona autoexiliada para no responder ante la Justicia de su responsabilidad como principal responsable del golpe de Estado del procés. Desde luego su agenda se la impone a Sánchez como puede comprobarse cada día: el RDLey ómnibus con 80 vagones que «no se iba a trocear» ha pasado a ser un RDLey «minibus» de 29. Pero sigue ahora con la exigencia de la competencia para gestionar nada menos que el control de la inmigración convirtiendo a Cataluña en un territorio virtualmente ajeno al resto de España. Y ello a la espera de que el presidente del Gobierno de España vaya a rendirle pleitesía a su autoexilio sin que ello signifique el final del «ukase» del zar de Waterloo. Porque ahora viene el anteproyecto de ley para la reducción de jornada a trabajadores y autónomos acordado con la Organización Sindical Sanchista -sus bien subvencionados CCOO y UGT- sin acordarlo ni con la CEOE ni CEPYME ni con las asociaciones de autónomos.

La rueda de prensa tras el Consejo de ministros (y ministras) de ayer tuvo un momento estelar cuando Yolanda Díaz muy didácticamente explicó lo que esa media hora de reducción de jornada va a significar para la vida de los millones de trabajadores (y trabajadoras). Por cierto, la palabra es «trabajadores» y no «trabajadoros» lo que es una prueba de la ideología «inclusiva» gramatical. Y la novedosa definición que dio del gobierno sanchista, que es «mancomunado y solidario».

Ante todo, es un «progresista y solidario» gobierno, especialmente teniendo como aliados suyos a los separatistas y nacionalistas catalanes y vascos, a los comunistas y por supuesto a Otegi. Sin discusión todos ellos caracterizados por su condición de muy solidarios. En especial con el resto de España. Lo de gobierno mancomunado requiere de otra reflexión.