Pedro Sánchez cierra el año con las mismas carencias con las que lo comenzó. La precaria mayoría que lo aupó al poder hace que el Gobierno siga dependiendo de los siete votos de Junts para desplegar su agenda política y garantizar la continuidad de la legislatura con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Todo pasa por Carles Puigdemont. En Moncloa han tomado conciencia de ello y han interiorizado la política de gestos que exige el expresidente de la Generalitat a cambio de seguirles sosteniendo. Una dosis puntual de reconocimiento y rehabilitación política que pasa por que el propio Sánchez se reúna y fotografíe con él. Hasta el momento, en el Ejecutivo se daban de margen hasta que la amnistía desplegara plenamente sus efectos jurídicos y Puigdemont pudiera volver a España. Se había dejado en manos de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE sin cargo gubernamental, toda intermediación. Ahora, se da un salto cualitativo y ya se abre la puerta a que esta reunión pueda producirse incluso en el extranjero, si esto sirviera para rubricar y desbloquear definitivamente el acuerdo presupuestario.

Tal como ya hiciera en una conversación informal con periodistas en la copa de Navidad de Moncloa, Sánchez se mostró ayer dispuesto «evidentemente» a la reunión. En su intervención de balance de final de año, el presidente se ocupó de dotar de toda normalidad al encuentro con un prófugo de la Justicia por su convencimiento de que «la sociedad española ha pasado página». «No tengo ningún problema, no sé cuándo me reuniré, pero me reuniré». En el entorno del presidente ven «coherente» la reunión con la etapa de normalización abierta en Cataluña y también la hacen extensible a Oriol Junqueras, para no generar nuevos roces entre sus aliados y, al mismo tiempo rivales, de ERC y Junts. Para el Ejecutivo, este sería el próximo paso después de haber aprobado en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. «Entendemos que a efectos políticos la amnistía ya se aplica, incluso por parte del PP, que vuelve a votar con Junts», ironizó el presidente a preguntas de los periodistas.

Los gestos de Sánchez hacia Puigdemont se suceden en la antesala de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la amnistía y se marca, así, el paso de su decisión. Desde el Gobierno se siguen lanzando señales a Waterloo de que la cuestión –que verdaderamente preocupa al líder de Junts– se va a desbloquear. El TC prevé resolver antes del verano los recursos que afectan a los líderes del «procés». Es una prioridad, dicen. Hasta que esto suceda, Puigdemont no tiene incentivos para dejar caer al Gobierno y en Moncloa lo saben. «No le iría mejor con una mayoría de derechas (PP-Vox) en el Gobierno», resuelven. Superado este Rubicón, todo son incógnitas. No obstante, más allá de que se despeje el horizonte judicial, en el Ejecutivo se ocupan de dejar claro que ellos han cumplido en clave política con la aprobación en Cortes.

«Ya estamos todos dentro. La democracia ya es plena», aseguró el presidente en un controvertido pronunciamiento –como si antes no lo fuera–, después de la aplicación de la ley de amnistía, «porque en términos parlamentarios todos estamos haciendo política». Se refería a la «normalización» que supone que Junts haya optado no solo por entrar en el juego en el Congreso, sino que ahora se alíe con el PP y Vox en ciertas iniciativas. «Es un éxito de la ley de amnistía y del Gobierno de España», presumió, al tiempo que criticó la «hipocresía» de los populares que han pasado de manifestarse contra el «golpista» a sacar pecho por forzar derrotas del Ejecutivo de su mano. En este sentido, el presidente ironizó sobre el impacto que este «deshielo» entre el PP y Junts puede tener en su propia relación con Alberto Núñez Feijóo. «Si se ha producido el deshielo contra los que se manifestaban, ojalá también conmigo», caricaturizó, cuestionado por la falta de interlocución que existe entre ambos y que ya suma un año sin contacto directo.

En Moncloa se enfocan en seguir cultivando la relación con el expresidente de la Generalitat pese a los sucesivos reveses y desplantes. No hay críticas a su figura y se da continuidad a la ficción de la cuestión de confianza que Puigdemont puso sobre la Mesa (del Congreso) y que todavía no se ha resuelto. Esto, a pesar de que su forma de hacer valer sus siete votos en Madrid –último resorte de su influencia política– pase por que el Gobierno siga perdiendo votaciones, como la de los impuestos de las energéticas en las que se alió con PP y PNV para tumbarlos. En el Ejecutivo se enfocan ahora en abonar el terreno con el cumplimiento de los compromisos pendientes, antes de afrontar la negociación presupuestaria. El Consejo de Ministros aprobó ayer la desclasificación de documentos del CNI sobre el atentado de las Ramblas, otra de las exigencias de Junts. Otra cuestión pendiente, sobre la que se sigue trabajando, es el traspaso «integral» de las competencias de inmigración. Junts insiste en su reclamación de que sean transferidas al completo, mientras que el Gobierno ha hecho un gesto con la ampliación de la presencia de los Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos, no así el control de las aduanas que es competencia estatal.