ED. – El empresario Víctor de Aldama ha entregado una batería de pruebas al Tribunal Supremo para acreditar los actos de corrupción de altos cargos del Gobierno que denunció para salir de prisión. La documentación señala directamente al exministro José Luis Ábalos, que pactó con el empresario un piso de 1,9 millones de euros en Madrid a cambio de adjudicar contratos públicos del Ministerio de Transportes a empresas de la trama. A continuación vamos a repasar las pruebas más llamativas.

La primera de ellas tiene que ver directamente con Ábalos. Por un lado, el empresario ha aportado el contrato de alquiler y posterior compra de un piso de 250 metros cuadrados ubicado en el Paseo de la Castellana número 164 de Madrid. El contrato, con fecha del 24 de abril de 2019, fue firmado por el exministro cuando no llevaba ni un año en el Ejecutivo. De esta manera, el empresario no sólo acredita que tenía contacto con Ábalos antes de la pandemia del coronavirus sino que pretende demostrar que la transacción inmobiliaria, en realidad, fue un pago en especie tras el titular de Transportes comprometerse a adjudicar contratos a empresas amigas.

En el reguero de documentación, Aldama también ha implicado al hijo de Ábalos, llamado Víctor Manuel Ábalos Aguado. Según el testimonio del empresario, el exministro usó a su hijo como ‘hombre de paja’ para la adquisición del inmueble. También afirma que era el vehículo para poder cobrar las mordidas. El modus operandi incluía la contratación de empresas del hijo del exministro para simular asesoramientos a terceros. Estos contratos tenían lugar en el extranjero para entorpecer la conexión con el entonces secretario de organización del PSOE y mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha dado el nombre de las empresas que, según el escrito que ha aportado su abogado, el penalista José Antonio Choclán, acordaron con Ábalos ser adjudicatarios de expedientes millonarios a cambio de entregar un porcentaje del importe total de esas cantidades. Algunas de estas empresas son: Levantina, Ingeniería y Construcción, Civis Global, Sortis Telecomunicaciones, Asch, Grupo Azvi, Áridos Anfersa, Áridos Anfersa y Obras Públicas y Regadíos. De la misma manera ha incluido documentación que acredita la compra de un vehículo de la marca Mini para Carolina Perles Miñana, exmujer de Ábalos.

Aldama también ha aportado al Supremo dos imágenes clave que fueron desveladas por este periódico. Por un lado la fotografía de un portafolios que sólo existe en el ‘edificio Semillas’ del Palacio de La Moncloa que le entregó Ábalos. Seguidamente una imagen del documento que se encontraba en el interior: una autorización que redactó el exministro para que el empresario pudiera actuar como enlace del Ejecutivo con Venezuela. En concreto, este documento se preparó para que Aldama se lo entregara al opositor venezolano Juan Guaidó. Hasta hoy, Ábalos había negado su participación en la existencia de este escrito, al que a día de hoy, tanto la Guardia Civil como los tribunales dan veracidad.

Una decena de implicados

Otra de las grandes pruebas han sido las evidencias en contrata Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Este periódico también publicó que Torres, expresidente de las Islas Canarias al que la trama se refería con el nombre en clave de ‘Rudolf’, iba a ser una de las personas sobre las que Aldama iba a apuntar ante el Supremo. El empresario sostiene que pagó un piso ubicado en la madrileña calle de Atocha para que el ministro pudiera mantener «encuentros íntimos» de manera totalmente discreta. Aldama mantiene que entregó 50.000 euros a Koldo García, asesor de Ábalos, para que éste se los entregara al ministro Torres. El ministro declaró la semana pasada en el Senado que dimitiría si se demostraba que él había tratado con Aldama. «La sociedad española se pregunta por qué Aldama no saca las pruebas», dijo. Para acabar concluyó afirmando que si se confirmaban las acusaciones «yo tendría que irme».

De la misma manera, el empresario también ha dado detalles sobre su conexión con Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Aldama explica que Moreno le pidió que le facilitara «oportunidades de inmuebles» porque se quería comprar un piso con su pareja. A cambio, él se comprometía a que la Agencia Tributaria paralizara un embargo inminente que pesaba sobre la sociedad Pilot Real Estate SL, perteneciente a la trama. En paralelo, Aldama también le dio 25.000 euros a través de Koldo. Montero afirmó que «pongo la mano en el fuego» para defender a Moreno cuando Aldama lanzó las primeras acusaciones contra él justo antes de que se decretara su puesta en libertad.

Por último, Aldama explica al Supremo que puede acreditar su relación con la comisaria europea Teresa Ribera, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Transición Ecológica; Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez -que mandó al empresario una carta en nombre del jefe del Ejecutivo en referencia a una petición de reunión del empresario para hablar sobre proyectos e inversiones en Zamora-; Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y actual director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre; e incluso el marido de Miquel Iceta, exministro de Cultura y actual Embajador Delegado Permanente de España en la Unesco.