Lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados no tiene otra calificación que de una auténtica conducta de «miseria moral» por parte del Gobierno. Ante un país conmocionado por la tragedia de epicentro en Valencia, con decenas de víctimas y unas imágenes que no se recordaban en España desde las riadas del Vallés barcelonés de septiembre de 1962, se acordó suspender el Pleno que había comenzado con un minuto de silencio por las víctimas.

Al tratarse de una Sesión de Control, comenzaron las preguntas de la oposición al Gobierno con un nivel de crispación a la altura de la degradación política del momento, culminada por el caso Errejón y la foto de Sánchez con el gran comisionista en prisión Víctor de Aldama.

A la vista de ello, el portavoz Popular pidió la suspensión del Pleno cuando tocaba la tercera pregunta, lo que fue aceptado por el portavoz socialista y formalizado por la Junta de Portavoces.

Lo insólito es que a continuación, el Gobierno no quiso aceptar que ese mismo criterio se acordara respecto al Pleno extraordinario convocado para convalidar el Real Decreto Ley que legaliza la ocupación sanchista del Consejo de administración de RTVE, modificando su composición y procedimiento de elección. Ese RDL fue aprobado por el Consejo de Ministros del martes de la semana anterior y tenía por tanto 30 días para ser convalidado por lo que no había urgencia alguna para ello. Con medio hemiciclo vacío por las ausencias de PP, Vox y Compromís se convalidó.

Para el sanchismo librarse de una Sesión de Control estaba justificado «por respeto y solidaridad» con las víctimas de la tragedia de la DANA, pero ese respeto no era exigible para aplazar la okupación de RTVE.

No podía quedar más evidente lo que es el sanchismo y su doble moral, que con esa deplorable actuación que no «roza» sino que incurre en una conducta de flagrante mezquindad política. Al parecer, con la RTVE en el bolsillo ya podían expresar su solidaridad y respeto por las víctimas con toda tranquilidad, lo cual no podían expresar teniendo sometido a control parlamentario a su progresista y feminista gobierno.

Mientras eso sucedía, la UCO de la Guardia Civil por orden del Magistrado instructor del Tribunal Supremo, registraba el despacho del Fiscal General del Estado y de la fiscal Jefe provincial de Madrid para requisar –bajo orden de secreto de las actuaciones– «todos los dispositivos que pudieran guardar relación con un delito de revelación de secretos, incluidos los teléfonos móviles. Corrupción moral y degradación política sin límites, en medio de una tragedia nacional.