La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar in eternis la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Puigdemont, ¿rehén del juez Llarena?

Tras la aprobación por el Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, asistimos al intento de los llamados fiscales del proceso del TS para evitar que Puigdemont pueda beneficiarse de dicha Ley. Así, en un increíble ejercicio de prestidigitación jurídica, dichos fiscales defienden ahora que la aprobada Ley de Amnistía “no incluiría los delitos de malversación” por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre, doctrina que ha sido aceptada por el Tribunal Supremo al tiempo que el juez Llarena mantiene en vigor la orden de detención contra Puigdemont.

En consecuencia, Puigdemont se habría convertido en un rehén en manos del Tribunal Supremo, quien al impedirle que pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos, le colocará en la tesitura de seguir siendo un exiliado o regresar a España sin garantías legales, momento que sería aprovechado por el juez Llarena para ordenar su detención y posterior juicio, pues Puigdemont sería “la ballena blanca que Llarena lleva años intentando apresar”.

¿Sopesa Puigdemont apoyar una moción de censura contra Sánchez?

Tras la investidura de Illa como Presidente con los votos de ERC, la condena al ostracismo de Junts en el mapa político catalán y ante la inminencia del Congreso de Junts a celebrar en octubre, Puigdemont estaría sopesando adelantarse a los acontecimientos y dinamitar la legislatura.

Así, delegados del PP y de Junts habrían contactado en secreto en Suiza para negociar el apoyo de Junts a una moción de censura contra Pedro Sánchez, moción previamente presentada por el PP a cambio de eliminar el supuesto de malversacion que impide el retorno como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos de Puigdemont, no siendo descartable el consenso al ser ambos partidos los testaferros de los intereses del establishment económico del Estado español, amén de estar aunados por el deseo común de defenestrar a Sánchez.