La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo una investigación que ha revelado presuntas irregularidades en la gestión de varios centros de acogida de menas gestionados por la ONG Respuesta Social Siglo XXI. Según la pesquisa, directivos y trabajadores de esta entidad habrían utilizado al menos seis cuentas bancarias de la fundación para desviar dinero con fines personales, lo que ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, a cargo del juez Javier García García-Sotoca, se inhiba en favor de la Fiscalía Europea.

Los movimientos sospechosos fueron detectados en cuentas bancarias de ING Bank, Banco Santander, Cajasiete y Caixabank, vinculadas a la administración de centros de menores no acompañados, entre ellos Guiniguada, Acorán y Puerto Bello en Gran Canaria, y los de La Santa y Yaiza en Lanzarote, según avanza el diario Canarias7. En particular, la cuenta del centro Acorán en ING mostró que el 50% de los fondos ingresados fueron retirados en efectivo, mientras que se identificaron catorce transferencias por un total de 13.700 euros a una cuenta personal de uno de los implicados. Además, se sospecha que este individuo se habría apropiado indebidamente de 6.353 euros y utilizado una tarjeta asociada a la cuenta de la fundación para gastos personales por valor de 5.464,87 euros.

Otra de las cuentas en el Banco Santander, destinada a gestionar el centro Guiniguada, presentó un patrón similar, con un 70% de los fondos retirados en efectivo y el uso de tarjetas para pagos en restaurantes (por 1.113 euros) y en farmacias para adquirir productos no aptos para menores. También se detectó la duplicidad de facturas, lo que refuerza las sospechas de una posible mala administración.

Además, en la cuenta de ING correspondiente al centro Puerto Bello, se transfirieron 4.318 euros de fondos públicos a una cuenta personal de otro de los investigados. En el resto de las cuentas vinculadas a la fundación, también se encontraron operaciones de este tipo, lo que ha llevado a los fiscales a concluir que había un esquema generalizado de descontrol y malversación.

Otro aspecto destacado en la investigación es el elevado gasto en combustible en uno de los centros, que alcanzó los 20.288 euros entre mayo y diciembre de 2021, así como un gasto significativo en alquiler de vehículos con la empresa Cabrera Medina SL, por 64.588 euros. También se detectaron cargos de tarjetas que no coincidían con las justificaciones de gastos semanales, lo que refuerza las sospechas de un uso indebido de los fondos.

La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que la gestión de la ONG Fundación Siglo XXI presenta un panorama de irregularidades y una falta de control sobre el dinero público, lo que habría sido aprovechado por los investigados para obtener beneficios económicos ilícitos. Las pruebas señalan un patrón repetido de retiros de efectivo y desvío de fondos a cuentas personales o de familiares de los responsables de los centros, así como compras de bienes y servicios para uso privado, financiadas con dinero público.

Casi 2.000 inmigrantes en menos de dos semanas. Este ha sido el balance de los primeros 10 días del mes en curso, que nos ha dejado un escenario devastador en todo el territorio nacional. No ha existido ruta migratoria que haya quedado ajena a la entrada de embarcaciones procedentes de Marruecos, Argelia o las rutas activas en el SAHEL con destino hacia las Islas Canarias.

En esta ocasión la mayor parte de los inmigrantes ilegales se han repartido entre el archipiélago balear y el archipiélago canario. Baleares ha vivido un sorprendente repunte de la inmigración ilegal procedente desde Argelia, según las fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han datado más de 30 embarcaciones que han dejado en las islas a más de 600 inmigrantes ilegales.

Canarias vuelve a ser la ruta más castigada por la actual debacle migratoria, más de 10 cayucos contabilizados y casi 700 inmigrantes ilegales, en su mayoría de origen subsahariano y registrando su origen en Mauritania.

Por último, algo más de 500 inmigrantes ilegales han accedido a lugares como Alicante, Murcia, Granada, Cádiz y Málaga, arrojando como punto de partida Argelia y el litoral marroquí que comprende toda la Bahía de Alhucemas.

En términos generales y haciendo un balance global, España camina ya hacia los 38.000 inmigrantes ilegales interceptados en lo que va de año, cifras que en estos momentos suponen un incremento de la inmigración ilegal superior al 50 por ciento con respecto a datos del año pasado y de casi un 100 por cien en el caso de Canarias, que ya roza las 27.000 entradas por la vía de la ilegalidad consolidadas en poco más de 8 meses.

La Gaceta