La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar in eternis la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Puigdemont, la bestia negra del lobby judicial

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena, Llarena y García Castellón como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del «Clan de los indomables» como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez» y en esta ocasión, los jueces tardofranquistas podrían presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría in eternis su aplicación práctica.

Operación Pinza» contra Puigdemont

El cisne negro de Puigdemont sería la nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón quien habría imputado a Puigdemont y a Marta Rovira y al llamado «estado mayor del procés» por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma «Tsunami Democrátic».

Dicho juez les acusa de «ser responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés» y habría iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas y presunciones contando tan solo como prueba con un informe elaborado ex profeso por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la llamada «investigación prospectiva» (prohibida en España).

En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como «Chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid» en el que manifiesta rotundamente que «no puede pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad».

Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que «no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso», el juez Castellón habría decidido pasar finalmente la instrucción al Tribunal Supremo, quien se habría declarado competente y habría asumido dicho caso.

Asimismo, tras la aprobación por por el Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, asistimos al intento de los llamados fiscales del proceso del TS para evitar que Puigdemont pueda beneficiarse de dicha Ley. Así, en un increíble ejercicio de prestidigitación jurídica, dichos fiscales defienden ahora que la aprobada Ley de Amnistía «no incluiría los delitos de malversación» por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre, doctrina que ha sido aceptada por el Tribunal Supremo al tiempo que mantiene en vigor la orden de detención contra Puigdemont.

En consecuencia, Puigdemont se habría convertido en un rehén en manos del Tribunal Supremo, quien al impedirle que pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos, le colocará en la tesitura de seguir siendo un exiliado o acudir sin garantías legales a la sesión de investidura del candidato a President de la Generalitat , momento que aprovecharía el juez Llarena para ordenar su detención y posterior juicio, pues Puigdemont sería » la ballena blanca que Llarena lleva años intentando apresar».