La defensa de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez que la investiga pida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa porque “procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno” a la compañía “no constituyen el objeto del presente procedimiento”.

En su recurso, recogido por Europa Press, su representación asegura que “carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada” por el magistrado Juan Carlos Peinado porque “si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros”. “Que, dada la condición de los integrantes de este, ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar los mismos”, añade.

En este contexto, la defensa de Gómez afirma que “no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial”.

“Hemos de reiterar lo que ya hemos señalado en escritos previos con relación a la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado. Es decir, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos”, critica.

Por último, el letrado de Gómez ha incidido en que “el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es ‘del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho'”.

Cabe destacar que ha sido esta misma semana cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha librado oficio a la empresa pública para que aporte documentación relativa a las ayudas otorgadas a la aerolínea por el fondo de solvencia a empresas estratégicas.

En concreto, ha reclamado “los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto”.