Yarisley Urrutia.- El turismo masivo y la especulación disparan los precios inmobiliarios en Ibiza, los más caros del país. Sin un alojamiento accesible, los trabajadores del sector público abandonan la isla y sus vacantes no se cubren. Los hospitales habilitan espacios para alojar a sus sanitarios. Las autocaravanas abundan y su parqueadero se alquila en negro.

El turismo de masas está deteriorando la calidad de vida de muchas zonas en España. En algunas, la presión es tal, que el deterioro se traslada a las variables que rigen el bienestar de las personas, como es el acceso a una vivienda digna. La desorbitada afluencia de turistas a las islas de Ibiza y Formentera, en el archipiélago de Baleares, está provocando una crisis habitacional que golpea a la población residente y a los trabajadores de temporada.

Según datos del Instituto Balear de Estadística (IBEST), Ibiza y Formentera recibieron en 2023 algo más de 3,7 millones de turistas, un incremento del 8,95 % en comparación con el año anterior (305.000 más). En la principal isla del archipiélago, Mallorca, el aumento fue del 8,65 % (un millón más de visitantes que en 2022, hasta alcanzar los 12,46 millones). En Menorca el dato apenas varió (+2,18 %). En conjunto, las islas Baleares acogieron en 2023 un total de 17.836.630 turistas, un 8,05 % más que el año anterior.

En contraste, la población residente en Ibiza y Formentera apenas llega a los 170.000 habitantes. El flujo de visitantes que acogen se distingue por un elevado poder adquisitivo, que se aloja en hoteles, urbanizaciones de lujo, apartamentos caros y villas en propiedad. Es un caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria, que ha terminado por disparar los precios de la vivienda de tal modo, que esta resulta impagable para la población residente, que en buena parte procede de la península y vive en régimen de alquiler.

Según las estadísticas del Ministerio de Fomento relativas al valor tasado medio de vivienda libre de los municipios mayores de 25.000 habitantes en España, el metro cuadrado más caro del país se localiza en Santa Eulària des Riu, al noreste de la isla de Ibiza: cuesta 5.194 euros. Le sigue en la lista la capital insular, Ibiza, con 4.624 euros.

En comparación, en Madrid y Barcelona el metro cuadrado está más barato (4.015 y 3.767 euros, respectivamente). En perspectiva histórica, los precios en Santa Eulària des Riu e Ibiza en 2010 eran de 2.291 y 1.297 euros, por debajo de Madrid (2.375). La situación ha terminado por impactar de lleno en la oferta inmobiliaria, escasa y carísima.

“Se alquila habitación en piso a PERSONA SOLA o PAREJA, el piso se encuentra ubicado en Los Molinos cerca de Figueretas. Precio: 1000 € más fianza”, se puede leer en un anuncio en el canal de Telegram Rent in IBIZA /Alquiler en IBIZA, donde la demanda de alojamiento es constante y la oferta tiene unas características muy definidas: en viviendas compartidas y muy caras.

Si 1.000 euros por una habitación en un piso compartido es un precio prohibitivo, existe la posibilidad de compartirla. “Disponible habitación compartida con una chica en el puerto de Ibiza. 600 más una fianza. Más info en privado”, reza otro anuncio en el mismo canal, donde también se anuncian habitaciones para parejas en casas de campo compartidas a razón de 1.500 euros mensuales.
Las agencias inmobiliarias pueden ofertar apartamentos de una habitación a 2.500 y en muchos casos solo por temporada, de mayo a septiembre.

Funcionarios y trabajadores huyen

Podría parecer que la situación únicamente afecta a los trabajadores temporales del sector hostelero que llegan a las islas para atender al contingente de turistas. Pero no es así; los residentes y los funcionarios públicos están igualmente afectados.

El caso de la enfermera Sonia Sancho, del hospital de Can Misses de Ibiza, es sintomático y captó la atención de los medios. Con un bebé de apenas unos meses y un sueldo de 1.800 euros, ella y su marido no pudieron encontrar una vivienda de dos habitaciones por debajo de esos mismos 1.800 euros. Así que, antes de que les amenace la pobreza por vivir de alquiler, se mudarán a la península en breve, tras pedir el traslado a un hospital en Valdepeñas (Ciudad Real).

Ante esta situación, este centro (el único hospital público de la isla) ha destinado un ala sin uso de su edificio como alojamiento gratuito. Son 42 habitaciones. “Pero es insuficiente, solo son para médicos y enfermeras”, precisa Sabino Aramburu, residente en Ibiza desde 1995 y secretario insular de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Los espacios son para los sanitarios que llegan en verano y no tienen dónde meterse. Es decir, hay personal del hospital que no se puede beneficiar de la medida, como los celadores, limpiadores, administrativos, cocineros o vigilantes. Y muchos no son funcionarios con plaza fija.

“En los juzgados el 70% de las plantillas son trabajadores interinos, que se acaban yendo. No hay estabilidad; los funcionarios titulares de las plazas, en cuanto pueden, también se van. Porque en Ibiza con un sueldo de 1.300 euros no eres nada, pero en Ciudad Real o Cuenca es un sueldo decente”, explica Aramburu, que subraya que una de las luchas de CSIF en Baleares es por que se abone a los funcionarios el “mismo plus de insularidad” existente en Ceuta, Melilla y Canarias. “Ellos cobran allí 500 euros más que nosotros”, asegura.

“Los precios están por las nubes, las habitaciones a 1.000 euros. Con contactos y un montón de suerte, tal vez encuentres alguna a 700. Se va más de la mitad del sueldo en alojamiento”, lamenta Aramburu, que añade que el Ministerio de Justicia tiene previsto convocar nuevas plazas por oposición para cubrir los huecos. “Tantas como vacantes hay, algo que hasta ahora no había hecho”, asume.

Plazas vacantes y 44 vuelos al mes

El resultado de la burbuja inmobiliaria en Ibiza y Formentera es que nadie desea sustituir a los funcionarios y trabajadores que abandonan las islas. De acuerdo con los datos de CSIF, la situación de las plantillas en la Administración General del Estado en Ibiza a finales de mayo es inquietante.

En el centro penitenciario debería haber 101 funcionarios y 9 empleados laborales, pero faltan nueve de los primeros y cuatro de los segundos. “Los funcionarios están en regresión. En la Jefatura Provincial de Tráfico y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social falta más de un tercio del personal”, revela Aramburu, que destaca el caso de las comisarías de Policía Nacional. “De los 13 funcionarios del equipo de expedición del DNI, faltan 11”, señala. De resultas, son los mismos agentes quienes se ocupan de la expedición de los documentos de identidad.

“En verano refuerzan la plantilla con agentes que vienen aquí desde la península, pagándoles más dinero. El dinero que no quieren pagar a los que ya están aquí, se paga a los que vienen de fuera como refuerzo”, afirma. Tampoco en el Servicio Público de Empleo (SEPE) las plantillas están completas. “Hay 33 funcionarios y faltan siete”, indica.

Toda esta alteración de la vida cotidiana cuenta con ejemplos extremos. Durante la primavera adquirió cierta notoriedad el caso de Karla Andrade, una maestra de educación primaria residente en Palma de Mallorca a la que le resulta más económico viajar 44 veces al mes en avión hasta su centro de trabajo en Ibiza, antes que trasladarse con su familia y residir allí en régimen de alquiler.

“Ahora, en aviones, me gasto unos 600-700 euros al mes”, explicó a Antena 3. El trayecto entre ambas islas dura unos 30 minutos y en temporada el precio de los billetes sube. De media, el alquiler en Ibiza se sitúa en unos 2.300 euros mensuales, según un estudio inmobiliario realizado por RealAdvisor.

Proliferan las autocaravanas

Cada vez hay más noticias sobre familias que corren el riesgo de quedarse en la calle porque no pueden afrontar subidas repentinas del 50% en sus alquileres. En los solares privados abunda la picardía y se pagan hasta 500 euros al mes por situar una autocaravana con derecho a suministro eléctrico.

Incluso hay agentes de la Guardia Civil durmiendo en sus vehículos y duchándose en los gimnasios, en particular los que llegan en verano como refuerzos de temporada alta. Aunque el problema en la capital del archipiélago es menor, el Ayuntamiento de Palma pone multas de hasta 1.500 euros a las caravanas que se estacionen más de 10 días en el mismo lugar. Y en Ibiza también hay barrios de autocaravanas y roulottes, que junto con las tiendas de campaña e incluso chabolas, son el último refugio de las personas que no pueden pagarse una vivienda o una habitación, aunque tengan un empleo.

Ante esta situación, hay planes para construir vivienda pública de precio accesible. El Ayuntamiento de Ibiza ha cedido cuatro solares para construir las primeras 381 viviendas, de un total de 997 previstas. Al Instituto Balear de la Vivienda ya llegaron 1.007 solicitudes.

“Lo de la vivienda pública es una quimera, habría que construir 3.000 o 4.000, y no se van a construir, porque se tendrían que poner de acuerdo todas las administraciones. Y con sueldos de solo 1.300 euros, nos quedaríamos fuera de la horquilla de los pisos VPO [Vivienda de Protección Oficial]”, opina Aramburu, que solo ve en el “incentivo económico” la única solución viable para el personal de la administración de Justicia insular. “Igual que se hace en otros destinos”, recuerda.

¿Veto a los pisos turísticos como en Barcelona?

El Gobierno balear activó en mayo la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, que prevé el uso de solares destinados al turismo para su conversión en viviendas de uso residencial comunitario para trabajadores del propio sector turístico. A diferencia de Cataluña, donde ya rige una limitación de los precios al alquiler, en Baleares no se replicará la medida. Pero los hoteles obsoletos se podrán reconvertir en viviendas.

En Barcelona, el Ayuntamiento también ha anunciado la decisión de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad para destinarlos a un uso residencial. Se estima que unas 10.000 viviendas quedarán desprovistas de sus licencias antes del fin de 2028.

Pero el 73% de los propietarios tiene más de una vivienda anunciada y uno de cada cuatro alquileres turísticos carece de licencia, según un análisis de la consultora turística Mabrian, que asume que tal cifra “podría subestimar el tamaño del mercado de alquileres de corta estancia” y ser un 63% mayor en realidad. Es decir, en Barcelona puede haber 15.800 pisos turísticos.

En general, la subida de precios se debe a la adquisición de casas por parte de los visitantes extranjeros acaudalados “en la costa mediterránea y las islas”, señala el Banco de España en un estudio de finales de abril. Y en las islas Baleares los extranjeros compran más del 30% de las casas, y más caras de las que compran los españoles.

El regulador financiero español concluye que eso provoca un repunte en los precios de venta. Y como parte de esas viviendas se destinan al alquiler turístico, pues salen del mercado de alquiler de larga temporada, inflándose los precios.