El vicesecretario de institucional, Esteban González Pons, llevaba la encomienda de Alberto Núñez Feijóo de conseguir cerrar un acuerdo en el que “solo podía haber acuerdo si el acuerdo mejoraba el sistema y restaba control político al CGPJ. Lo hemos conseguido”.

Según fuentes populares, el PP y PSOE han acordado la “renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados” en el mes de julio.

Explican que el acuerdo garantiza una “composición absolutamente equilibrada del CGPJ”, que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda.

La proposición de ley encarga a los nuevos integrantes del Consejo “la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho” en los países miembros.

Ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de “participación directa” y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.

Además, “ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras, es decir; todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada” (de tres quintos). También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.

El Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Y es que, según apuntan las mismas fuentes populares, “por primera vez en la historia” serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.

Según destacan desde el PP, los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023. Estarán “incorporados a la nueva ley pero serán de obligado cumplimiento ya para la presente renovación” de integrantes del Consejo.

El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser Fiscal General del Estado. Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos “Dolores Delgado”.

PP y PSOE acuerdan también “cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional” que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, “ocupará José María Macías”, actual vocal del CGPJ.