El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

La concesión de una «financiación singular» para Cataluña se ha convertido en una cuestión de Estado y en un nuevo choque con el Gobierno al que han sumado incluso «barones» socialistas para cargar contra la opción de negociar un «concierto catalán» que colme las aspiraciones independentistas. A las formaciones secesionistas ya no les vale el acuerdo al que se llegó en 2009 durante el Gobierno de Zapatero, que todavía continúa vigente pese haber caducado hace casi una década. Aquel acuerdo, que contó con todos los apoyos posibles salvo la abstención del PP, recibió el «total apoyo» del gobierno tripartito de Montilla (PSOE-ERC-ICV). Lo rubricó el conseller de Economía en ese momento, Antoni Castells, que celebró que «se cumple estrictamente el Estatuto con un cambio de modelo que recoge nuestras necesidades y reclamaciones».

Quince años después, las fuerzas independentistas quieren cambiar las reglas del juego y controlar toda su recaudación tributaria. El Gobierno ha abierto ahora la puerta a esa posibilidad, pero una reforma de la financiación autonómica se tendría que materializar a través de una ley orgánica, que debería someterse a la votación del Congreso y el Senado, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación.

El objetivo de las fuerzas independentistas es que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos –y no sólo el 9% que gestionan en estos momentos–, lo que implicaría que, al margen de los casi 5.000 millones de tributos propios, la Generalitat pasaría a controlar los más de 50.000 millones recaudados en 2023.

ERC fijó que la región adolece de un déficit en infraestructuras de 51.000 millones de euros y una deuda histórica que supera los 350.000 millones. Este déficit fiscal catalán equivale al 9% del PIB de Cataluña. Unas cifras que se quedan cortas a ojos de Junts, que elevó ostensiblemente esas cifras, para fijar la deuda histórica del Estado con Cataluña en 456.000 millones, 375.000 millones correspondiente a políticas sociales, 50.900 en infraestructuras pendientes y 30.000 de las pensiones. También reclaman la cesión del 19% de los fondos europeos.

Además, su gran anhelo está en la creación de una Agencia Tributaria catalana que recaude todos los impuestos «en Cataluña y se queden en Cataluña». Así lo fijaba incluso el Estatut con la creación de un consorcio entre la Agencia Tributaria del Estado y la catalana que asumiría la recaudación de todos los impuestos, un consorcio que nunca vio la luz y sigue pendiente.

Para alcanzar esta «soberanía fiscal plena» requeriría el desarrollo tres reformas legislativas de complicado encaje: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y la ley de cesión de tributos.

Aunque basada en el modelo de financiación vasco y navarro –que se rigen por el régimen foral y no por el común–, en el modelo catalán propuesto por ERC se centra en un «fondo de reequilibrio territorial» –a modo de «cupo catalán», aunque no cifra qué cantidad deberían aportar–, que sufragaría los gastos correspondientes en materias como la política de Defensa o Justicia mediante un «mecanismo permanente de coordinación» bilateral Generalitat-Estado.

Las intenciones del Gobierno no se conocen a ciencia cierta más allá de reconocer esa «financiación singular» que reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y rubricó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su apuesta por un «sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral». Ambas propuestas difusas y sin concretar. Máxime cuando el propio Salvador Illa, ganador de las elecciones catalanas y principal candidato a presidir la Generalitat, defiende una tercera vía, con una financiación sujeta a la literalidad del Estatut, incluida la creación de un «consorcio paritario» entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña, que «se puede transformar en la Administración Tributaria de Cataluña». Ambas propuestas tienen puntos en común, aunque el listón que ha situado ERC no tiene cabida ni en el planteamiento del PSC ni en los planes de la Moncloa, porque es un paso más allá del propuesto por Montero, que se mantiene en su postura de impulsar una «reforma global» de la financiación autonómica que, a la vez, atienda las «singularidades de territorios como Cataluña». Un postura que a los independentistas les sabe a poco. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya avisó de que no servirán los «términos medios en este asunto».

En qué consisten estas diferencias. El PSC propone desarrollar el artículo 204.2 del Estatut, que llevaría a la Generalitat a «recaudar y gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña» y, en paralelo, permitiría «establecer los mecanismos de traspaso con el Estado». ERC quiere ir más lejos: además de «recaudar y gestionar todos los impuestos –ese punto es común–, reclaman «plena capacidad normativa de la Administración catalana para regular los tributos, con el objetivo de erradicar el déficit fiscal que ahoga las finanzas de Cataluña». Para ello, los republicanos abogan por «acordar mutuamente» con el Estado las dos partidas que la Generalitat le transferiría una vez recaudados los impuestos a través de una «cuota como contraprestación de los servicios prestados» y una cantidad destinada a «un fondo de reequilibrio territorial para otros territorios con menor capacidad económica».

En el caso de Junts, su propuesta es el desarrollo del «concierto catalán» en toda su extensión, algo que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, descartó que llegue a plantear un modelo, ya que «supondría el abandono del régimen común de las comunidades autónomas».Pero los votos mandan en esta legislatura, tanto en el Congreso de los Diputados como para la investidura de Salvador Illa.

Unos votos que pueden tener un coste muy alto para el propio PSOE. Varias federaciones autonómicas socialistas han exhibido públicamente su rechazo frontal a la puerta que ha dejado abierta Montero de otorgar un tratamiento especial a Cataluña. El más crítico ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha señalado que sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto. Sólo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos».

Desde el PSOE de Extremadura también han querido pronunciarse, advirtiendo al Gobierno que su federación «no va a permitir chantajes por parte de ninguna otra comunidad autónoma». Para los socialistas extremeños, los hechos o cuestiones singulares «no pueden bajo ningún concepto suponer diferencias entre españoles». De igual manera, el Gobierno socialista de Asturias defiende que «cualquier modificación futura del sistema de financiación pasa por una negociación multilateral con todas las comunidades. Esto es, negociación multilateral para lograr un nuevo sistema de financiación adecuado a las necesidades de cada territorio, donde se reconozca el coste real de los servicios. Nada más».

Más duros se han mostrado desde el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree directamente que está «fuera del ordenamiento jurídico. Ninguno de los demás presidentes de comunidades va a renunciar a lo que le corresponde en beneficio de Cataluña y, por tanto, el escenario que plantea el Gobierno está abocado al fracaso. No ha ocurrido nunca desde los años 80 que empezamos a aprobar los Estatutos de autonomía». Feijóo renovó su apuesta por «un sistema multilateral acordado en el CPFF y que se mantenga el sistema de financiación dentro de la LOFCA».

Sumar, socio de Gobierno de Sánchez, ha dado su apoyo a modelo de financiación singular para Cataluña, porque «el autogobierno catalán es distinto al del resto de territorios» y porque «esa singularidad la recoge el Estatut y no ha sido desarrollada». Las necesidades parlamentarias del Gobierno decidirán.

La Razón