Vox ha presentado ante los juzgados de Madrid una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía.

En el escrito, la formación sostiene que Gómez “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (…) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada”.

El partido señala además que Gómez, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, “utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo”.

Por estos hechos, Vox pide que se investigue a Gómez y reclama que se practique una batería de diligencias de investigación: que se le cite a declarar a ella como investigada y al rector de la UCM, Joaquín Goyache, como testigo. También pide las testificales de representantes de Telefónica, Indra y Google España y que se requiera información a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, el partido propone al juzgado madrileño que solicite documentación a la Universidad Complutense y que cite como testigo a la coordinadora del Máster Transformación Social Competitiva, Esther Álvarez, al también director de la cátedra José Manuel Ruano y al empresario Juan Carlos Barrabés.

“Fines espurios y personales”

Vox sostiene que “existen pruebas” que acreditan “la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada” y “la utilización de esta cátedra para fines espurios propios y personales”.

La formación se basa en “información” y “datos” que hasta el momento conoce “a través de los medios de comunicación, de las páginas web, y publicaciones propias de la Cátedra, y sobre todo desde el propio reconocimiento realizado por la intervención de la querellada en congresos difundidos en los medios de comunicación”.

Los de Santiago Abascal aseguran que desde la cátedra, “y por tanto con fondos públicos”, se “ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional como la Universidad Complutense para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada”.

El partido defiende que a dicha “utilización” se suma que Begoña Gómez goza de la condición de esposa del presidente del Gobierno, algo que -a su juicio- se “fomentó” de “forma indubitada” por la querellada “para la consecución de estas finalidades”.

Cátedra extraordinaria en la UCM

En el marco del escrito, la letrada de Vox Marta Castro recuerda que Begoña Gómez inició su relación con la UCM como codirectora de estudios de formación continua de técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/2014; y que actualmente -según la web de la universidad- “desempeña la codirección de dos programas máster”.

Estos serían el máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en organizaciones sin ánimo de lucro y el Máster Propio en Transformación Social Competitiva. Se trataría de un máster impartido en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.

Apunta Castro en la querella que esta cátedra “fue creada en el año 2020” y que Gómez “ostentaría la condición de directora”, todo ello “coincidiendo con el periodo temporal en que su esposo Pedro Sánchez ostentaba la Presidencia del Gobierno”.

Indica además que en julio de 2023 el órgano de contratación de la UCM aprobó el inicio y tramitación de un expediente de contratación para el servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa en la Complutense. Dicho contrato se fijó en un importe del 60.000 euros más 12.000 euros de IVA.

Vox añade que ha tenido conocimiento de que “con carácter anterior” a la incoación de dicho expediente por el órgano de contratación de la UCM, Gómez “se habría servido de tecnología que cedieron Telefónica, Indra y Google” y especifica que concretamente fue la filial tecnológica de Indra –Minsait- la que se encargó de liderar su desarrollo.

“Según informaciones que han aparecido en medios de comunicación, -la inversión para ese desarrollo fue- de unos 150.000€ a fondo perdido que provendrían de Telefónica, Indra y Google”, apunta.

Vox explica que dos de estas empresas (Telefónica y Google) “son patrocinadoras o aliadas del Máster de la UCM de Transformación Social Competitiva que es codirigido” por Begoña Gómez. Y asegura que cuando el software ya se había desarrollado al 80%, las tres compañías comenzaron a desmarcarse del proyecto, “posiblemente ante la existencia de un conflicto de interés, después de que el Gobierno aprobara elevar la participación de la SEPI del 18% al 28%”.

En octubre de 2022, siempre según Vox, “la querellada habría presentado una solicitud formal ante la Oficina de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, para registrar la Plataforma TSC”.

Esa plataforma, alega, tenía un nombre coincidente con la sociedad que crearía en noviembre de 2023 de medición de impacto social y medioambiental. Según el partido, Gómez logró registrar la patente en abril de 2023.