Alrededor de 700 personas, según las estimaciones de Policía Nacional, han secundado este sábado una concentración convocada por Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz que fue asesinado en 2018 por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, para pedir que se paralice la producción y emisión de un documental o ‘true crimen’ sobre el caso de su hijo que contaría con el testimonio de la asesina mediante grabaciones hechas en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple su pena de prisión permanente revisable.

“Hago un llamamiento a todas las instituciones para que se coordinen”, ha manifestado la madre de pequeño Gabriel durante una intervención en la que ha vuelto a pedir ayuda para impedir el proyecto audiovisual y que ha tenido lugar en el espacio de ‘La Ballena’, junto a la playa de las Almadrabillas, donde existe una placa en recuerdo del ‘pescaíto’ ya que este fue el lugar que espotáneamente se usó para rendir homenaje a su memoria hace seis años.

La concentración ha estado precedida de una concurrida marcha que ha arrancado a las 19,00 horas desde la Puerta de Purchena de Almería al grito de ‘Nuestros peces no se venden’ o ‘No es una serie, es nuestra vida’, donde la propia Patricia Ramírez ha repartido tarjetas y ha animado a transeúntes a que se unieran a la manifestación que ha encabezado durante los casi 900 metros de recorrido y que se ha ido engrosando progresivamente conforme llegaba al lugar de la concentración.

La madre de Gabriel, que ha disculpado la ausencia del padre del niño, Ángel Cruz, porque se encuentra trabajando en el extranjero, ha agradecido el apoyo a “toda la marea de buena gente” a la que, según ha dicho, vuelve a recurrir después de “meses de intentar a través de las administraciones, oficinas de asistencia a las víctimas y órganos” como el propio Ministerio del Interior, poner fin a las supuestas grabaciones que se efectúan en el interior de prisión por parte de la presa.

Así, ha insistido en las “irregularidades” que se habrían producido en el interior de la prisión, donde a través de una “fuente directa”, según ha aseverado, habría sabido que Ana Julia Quezada tendría acceso a un teléfono móvil mediante el cual poder grabar imágenes y audios con la “complicidad” de determinados funcionarios y sin permiso de sus superiores.

Patricia Ramírez ha incidido en que dicha serie o documental estaría gestionado por la misma productora audiovisual que hace tres años, y con la supuesta contribución del abogado de Ana Julia Quezada, el letrado Esteban Hernández-Thiel, ya le ofreció grabar un ‘true crimen’ sobre el caso de su hijo, a lo que se negaron dado su rechazo a “lucrarse” con la imagen de su pequeño.

“También hemos tenido conocimiento en estas dos últimas semanas de que varios periodistas han podido acceder a ella e incluso hacerle las ‘preview’ para terminar con esta pieza”, ha abundado Ramírez, quien ha afeado que “cualquier medio de comunicación se dignase a darle voz a la asesina” de Gabriel Cruz, más aún si existe una contraprestación económica pese a que ello sea excusa para abonar la responsabilidad civil a la que fue condenada, y que asciende a medio millón de euros.

La mujer, quien ha manifestado no estar en contra de los ‘show crimes’ de forma general, ha reivindicado su papel de madre para decidir si la imagen y recuerdo de su hijo puede ser utilizado para un nuevo producto audiovisual. “Nos merecemos primero que esta mujer se salte las normas dentro de prisión y segundo, que alguien le ponga un micrófono, ya sea con consentimiento o sin él”, ha recalcado.

Ramírez ha insistido en que “jamás hemos querido que Gabriel fuera objeto de venta o de mercadeo” pese a que se le han ofrecido series, documentales, películas e incluso usar el nombre de su hijo para poner nombres a acuarios. “Pedimos retirarnos en paz, en la intimidad, para intentar reconstruir nuestras vidas y buscar un nuevo sentido para vivir”, ha implorado durante su interlocución en la que, en varias ocasiones, se ha roto ante los aplausos de la multitud.

“Nuestros hijos no son ficción”, ha dicho antes de recordar otros casos de otras víctimas que también se han visto afectadas por estas series, sentido en el que ha aludido a la polémica suscitada por el reportaje del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, que según recordó durante esta jornada es objeto de “contienda judicial precisamente por las malas prácticas a la hora de grabarla”.

Así, ha llamado a parar cualquier producción para evitar que “cualquier asesino” pueda salir en televisión y se le pueda “pagar”, por lo que en tal caso se podrán “lucrar contando tan terribles situaciones y obviando el dolor de su familia, pero sobre todo el permiso”

“¿Queremos convertirnos en Estados Unidos, donde los asesinos tienen club de fans? ¿En este país le pagamos al ‘Chicle’, a asesinos de ETA o al ‘Rafita’ y los ponemos también en frente de un micrófono? Si no lo paramos, esto es lo que va a pasar”, dijo Ramírez al respecto en la rueda de prensa previa que ofreció en la mañana del sábado.

Además de la cascada de querellas anunciada para evitar la producción, Patricia Ramírez también ha detallado que ha pedido la solicitud de asistencia a distintas comisiones del Congreso y al Senado, toda vez que ha informado a Interior de sus iniciativas por lo que confía en que “paralicen esta situación que jamás debería haberse dado”.