56 robos de vehículos en sólo dos meses en el barrio de Las Arenas de Tarrasa. Es sólo uno de los datos que reflejan la situación límite en la que se encuentra la tercera ciudad más grande de Cataluña. Los robos en farmacias y propiedades privadas se suman a la larga lista de delitos, como agresiones y okupaciones, que han convertido el día a día en una pesadilla para los vecinos.

El aumento de la delincuencia ha llevado a los vecinos de los barrios noreste de Terrassa a autoorganizarse para defender su seguridad. Una iniciativa polémica, muy aplaudida por sectores hartos de la inseguridad en los barrios, pero muy criticada por la izquierda. El ayuntamiento de Tarrasa, gobernado por un exsocialista en coalición con ERC y Junts, ha advertido del riesgo de que las patrullas vecinales pueden causar los propios ciudadanos, y ha afirmado que la policía ya hace el trabajo.

El caso de Tarrasa pone en evidencia la situación límite en muchas ciudades catalanas, y reabre a debate el fenómeno de las patrullas ciudadanas. Para algunos, representa el derecho legítimo de los ciudadanos a la autodefensa cuando se sienten abandonados por las autoridades. Para la izquierda son grupos controlados por la extrema derecha que ponen en riesgo la convivencia ciudadana estigmatizando a colectivos vulnerables.

Detener la delincuencia

El caso de Terrassa vuelve a la actualidad un fenómeno que no es nuevo, ya que hace varios años se organizaron patrullas ciudadanas en otras ciudades catalanas.

En Barcelona, ​​sin ir más lejos, bandas de jóvenes se organizaron para frenar a los carteristas que abundaban en lugares como el metro. Ante la desprotección de los ciudadanos, estos jóvenes lograron intervenir en varios robos y neutralizar a peligrosos delincuentes habituales que se dedican a robar.

Sindicatos policiales denunciaron entonces los intentos del ayuntamiento de Barcelona de silenciar la inseguridad, advirtiendo de la creación de patrullas ciudadanas. “El aumento de la delincuencia ha provocado que se estén empezando a organizar patrullas ciudadanas en determinados barrios”, afirmó el CSIF. El gobierno municipal recordó que el monopolio de la violencia corresponde a la policía, y criticó a la extrema derecha de crear la sensación de inseguridad y fomentar la creación de estas patrullas.

Lo mismo ocurre con plataformas como Desokupa, que actúan contra las okupaciones ilegales en barrios castigados por la droga y la delincuencia, pero que son acusados ​​de fascistas por la izquierda.

Esto lleva al mismo debate sobre la seguridad, ya que según la izquierda no existe ese problema sino que es una creación ficticia de la extrema derecha para atacar a colectivos vulnerables. La realidad es que estos grupos surgen de la desesperación, cuando los responsables de la seguridad niegan el problema y abandonan a los ciudadanos a su suerte.