Se marche o no Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno el próximo lunes, nada va a cambiar en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se han abierto diligencias previas sobre Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El veterano instructor Juan Carlos Peinado, que dio pistoletazo de salida a la investigación contra la mujer del presidente el pasado 16 de abril, va a seguir al frente del mismo hasta enero de 2026, ya que a principios de año consiguió permiso para continuar en su puesto hasta el límite legal, los 72 años.

Anticipar los movimientos de este juez hermético es imposible, pero nadie descarta en los juzgados de la Plaza de Castilla una instrucción de meses, amén de que tenga en mente citar como investigada (condición jurídica que antes se conocía como imputada) a Gómez, pues no podría interrogarle nunca como testigo. La decisión, en todo caso, no llegará antes de que interrogue a los dos primeros testigos de la causa en mayo, los directores de los medios EsDiario y El Confidencial que han publicado algunas de las informaciones que atañen a la esposa de Sánchez. Imposible también es determinar qué haría la Audiencia Provincial ante un hipotético recurso de la Fiscalía en contra de esa imputación, ya reclamada por Manos Limpias.

El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones pero, según fuentes jurídicas, su interés en primer lugar se centra en la firma por parte de Gómez en julio de 2020 -entonces codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid- de sendas cartas de apoyo a una unión temporal de de empresas (UTE) que se presentó a un concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. Y precisamente el principal accionista de esa UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado anteriormente en el diseño del propio Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Aquella UTE avalada por la esposa del presidente del Gobierno acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros. En ninguno de esos lotes la UTE presentó la oferta más ventajosa, pero aún así logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva.

El caso de Air Europa

Otra de las actuaciones más polémicas de Begoña Gómez en su actividad profesional es el acuerdo que firmó en 2020 el IE Africa Center (del Instituto de Empresa) que ella dirigía con Globalia, la matriz de Air Europa, para un patrocinio. Según El Confidencial, la pareja del jefe del Ejecutivo se reunió en privado con el consejero delegado de ese grupo, Javier Hidalgo, en las oficinas de la compañía en las mismas fechas que Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a sus pérdidas por la pandemia.

Al final, el Gobierno dio a Air Europa una ayuda de 475 millones de euros, cifra récord en el sector y con la que la aerolínea pudo esquivar una situación económica límite. Aquel desembolso de la SEPI fue aprobado por un Consejo de Ministros en el que participó el propio Sánchez.

El tercer caso en el que algunos medios han involucrado a la mujer del presidente -y que probablemente será investigado por el juez- es que la consultora en la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió cinco contratos públicos por valor de 140.000 euros mientras ella era propietaria de las acciones.