Alejandro Espinosa.- En alguna ocasión ya nos hemos referido al Instituto Juan de Mariana . Se trata de un centro de estudios económicos con clara orientación liberal y crítica con el Estado. Nos hemos hecho eco de algunos de sus informes más controvertidos. Por ejemplo, lo que señala que España tiene un problema con la deuda o lo que explica que el mercado laboral español tiene sus claroscuros .

Pero, sin duda, su trabajo que ha levantado más polémica es el que ellos mismos han bautizado como “ Impostómetro ”. Y es que, por su orientación liberal, el Instituto Juan de Mariana quiere que el ciudadano sea consciente de los impuestos que paga al Estado. La conclusión – que armó un enorme revuelo en las redes y en los medios – fue que un trabajador dedica de algún modo u otro un 50% de sus ingresos a impuestos.

Poco después, el líder de la patronal, Antonio Garamendi, pinchó y llegó al hueso. Verbalizó la que es una de las demandas más comunes entre los economistas liberales: que el trabajador reciba íntegra su nómina y que sea él quien haga sus ingresos a la Seguridad Social ya Hacienda (cotizaciones e IRPF, respectivamente). “Es la forma en que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España”, dijo Garamendi.

La propuesta de la polémica

Como ha explicado el economista Juan Ramón Rallo -habitual del Instituto Juan de Mariana-, el informe analiza el total de los impuestos y no únicamente el IRPF, cuya base imponible sí son los ingresos. Es decir, que se han centrado en analizar los impuestos que exige el Estado jurídicamente. Así, sobre unos ingresos medios de 25.500 euros anuales, el Instituto concluye que el 45,5% termina de algún modo u otro en el Estado.

De todos estos pagos en el Estado, Garamendi puso el foco sobre las cotizaciones sociales. Nuevamente, la polémica vino por la naturaleza del impuesto. En teoría, es un gasto que da derecho a una futura contraprestación. Pero también es cierto que la Seguridad Social paga en función de lo que tiene en el momento y que no contrae ninguna obligación económica inamovible . Pese al nombre, la ‘Seguridad’ Social no funciona como un seguro.

Pues bien, frente a esta situación, los sectores progresistas han salido en tromba a criticar tanto el informe como la propuesta de la patronal. Han hablado de que rompería la solidaridad fiscal o que los trabajadores ya pueden consultar la nómina si quieren. Enric Juliana, por ejemplo, llegó a decir que esta propuesta tiene como objetivo organizar una “insurrección fiscal”.

Y al Gobierno tampoco le ha hecho demasiada gracia la propuesta. Yolanda Díaz dijo que era “profundamente incorrecta” y Escrivá dijo que el Estado no debe “innovar” sobre este asunto. “España no tiene un nivel elevado de cotizaciones sociales ni de costes laborales”, concluyó el ministro.