La locuaz mano derecha de Sánchez en el gobierno y el partido, vicepresidenta y ministra de Hacienda Montero, –no confundir con Irene, sino María Jesús– sustituye en esa función a José Luis Ábalos, que no fue vicepresidente sin duda porque era «más útil» al parecer en Fomento primero y en Transportes y Movilidad después, hasta su todavía no aclarado cese, por el «transparente» Sánchez, y que por cierto es sucedido ahora por el tuitero Óscar Puente, de total confianza suya aunque suponemos sin «derecho a roce» con él. Sin duda destinado en esa Cartera para controlar la onda expansiva de un caso ya convertido en el caso PSOE, de connotaciones y tentáculos tan cutres como extensos y graves.

Pues bien, la Montero se permitió hace unos días, –ante las informaciones que apuntarían a un posible caso de corrupción por un eventual conflicto de intereses del presidente a favor de su esposa– zanjar la cuestión afirmando indignada que «se dejara en paz a la familia del presidente». Es curiosa la doble vara de medir de ella y su jefe que no paran de meterse con la familia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, primero por su padre, después por su hermano y ahora por su pareja. Es evidente que tiene todo el derecho del mundo a defenderse de los ataques que recibe del sanchismo que la tiene en la diana como objetivo a batir.

Es enternecedor que los medios y tertulianos de cuota «progresista» se permitan descalificarla por un comentario privado acerca de su «gusto por la fruta», cuando Sánchez desde la tribuna del Congreso la estaba atacando volviendo a la carga acusándola de corrupción por su hermano habiendo la fiscalía española y la europea archivado las diligencias. Y además siendo ella una espectadora en la tribuna de invitados que obviamente no intervenía en el debate. Pero lo sucedido ahora con la actual pareja de Ayuso ha roto todos los límites incluidos los fijados por la ley. Es cosa sabida que el Fiscal General del Estado es un modelo de sumisión incondicional al gobierno dando total cumplimiento a la afirmación de Sánchez «¿de quién depende la fiscalía? Pues eso»; que da idea del concepto que tiene de esa institución que debe velar por el cumplimiento de la ley.

Por su parte, Montero se ha permitido utilizar datos confidenciales de la pareja de Ayuso, protegidos por la ley para cualquier contribuyente y en poder de la Agencia tributaria, para atacarla. Es un escándalo que muestra lo que es el sanchismo: la autocracia «progresista» en España.