Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, en un pleno de la Comisión Europea

Las lindes marcadas por el Gobierno para sacar adelante la ley de amnistía vuelven a moverse. Después de un mes de negociaciones llenas de altibajos con Junts y tras haber asegurado que no habría más modificaciones sustanciales, Pedro Sánchez anunció el miércoles en un vuelo rumbo a Brasil que su partido ha aceptado cambiar de nuevo la controvertida norma. A las 20:00, los socialistas, los posconvergentes y Esquerra anunciaron, en un comunicado conjunto, un pacto que se plasmará este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso y que permitirá que el texto siga la tramitación, frenada en seco por los de Carles Puigdemont en el pleno del pasado 30 de enero.

Ni la nota firmada por los tres partidos ni el jefe del Ejecutivo avanzaron el contenido del acuerdo, pero Sánchez sí admitió que lo que ha pretendido el PSOE es ofrecer al expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, más garantías de que también él quedará cubierto la ley. Fuentes de Junts aseguran además que la ley amparará también ahora los delitos de terrorismo y traición “adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español” y desde el ámbito socialista se confirma que solo quedarán fuera “los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia del Estado” y “la corrupción que suponga enriquecimiento personal”.

Sacar adelante la amnistía siempre ha sido para el presidente prioritario porque sin ella no será posible apuntalar siquiera mínimamente una legislatura marcada por la inestabilidad y ahora zarandeada, además, por el caso Koldo. En su entorno había voces partidarias de no volver a dar el brazo a torcer ante los posconvergentes, poner “pie en pared” y apretar los dientes a la espera de que volvieran a llamar a su puerta más adelante. Pero él ha preferido amarrar un acuerdo de pájaro en mano que, en principio, y según dejó caer este miércoles el senador de Junts Josep María Cleríes allanará también el camino a los Presupuestos Generales del Estado.

Comisión de Venecia

Tanto el presidente del Gobierno como su principal negociador, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistieron el miércoles en que la polémica ley, diseñada para garantizar la impunidad a todos los implicados en el ‘procés’, seguirá respetando la Constitución y el Derecho europeo. Y ambos dieron una pista de cuál es el paraguas bajo el que se refugiarán para justificar la pulcritud de las modificaciones pactadas: el informe de la Comisión de Venecia, aún no aprobado pero filtrado de manera adelantada el pasado viernes por la Moncloa, y al que también se hace referencia en el comunicado tripartito.

Sánchez acepta cambios en la ley para dar más garantías de que todos serán amnistiados

El órgano consultivo del Consejo de Europa cuestiona en el borrador de su dictamen sobre la amnistía el procedimiento de urgencia al que han recurrido los socialistas para sacar adelante una norma tan sensible y excepcional, siembra dudas de que en las actuales condiciones sirva al “legítimo objetivo” de lograr la reconciliación social y política y recomienda regular este tipo de asuntos en la Constitución. Pero Junts y el Gobierno encontraron también en sus 26 páginas argumentos para componer la solución imaginativa que buscaban, justo cuando la negociación había recibido una sacudida importante: la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal por terrorismo contra Puigdemont, pese al intento del fiscal general de evitarlo.

La razón por la que Junts votó el 30 de enero contra la ley de amnistía fue precisamente el temor a que la inclusión del expresidente de la Generalitat en la causa de Tsunami Democrátic, en ese momento en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y en la ‘trama rusa’, investigada en un juzgado de Barcelona, le impidiera beneficiarse de la norma, dado que el texto excluía, expresamente, determinados supuestos de terrorismo así como la traición al Estado.

Junts no ve “impedimento legal”

Sánchez rechazó aclarar si la enmienda transaccional negociada con Junts y ERC afecta de lleno a esas cuestiones como sostiene el partido de Puigdemont. “Quedan pocos minutos o pocas horas; ya lo verán”, arguyó el miércoles en una rueda de prensa junto al presidente brasileño Luis Inazio ‘Lula’ Da Silva. En todo caso, Junts ya defendió el viernes que conforme a la Comisión de Venecia “no existe impedimento legal ni jurisprudencial para amnistiar hechos presentados como delito de terrorismo” y de “traición”.

En una parte del borrador del dictamen, el órgano consultivo (asesor de los países que forman parte del Consejo de Europa y ajeno a la UE) habla de la anterior redacción del artículo 2.c , ya modificada, en la que se excluían de la amnistía solo los delitos de terrorismo con sentencia firme. “La amnistía -dice- suele aplicarse también a los procedimientos pendientes, por lo que el criterio de la etapa del procedimiento debería ser irrelevante”.

De ahí sacan su conclusión los de Puigdemont, que también resaltan esta otra afirmación: “La Comisión subraya que los límites establecidos por el derecho internacional se relacionan con violaciones graves de derechos humanos, que no necesariamente son lo mismo que crímenes graves según el Derecho interno”.