Fermín Bocos.- En los últimos veinte años el agro español se ha modernizado. Basta con observar a los agricultores con sus tractores y demás maquinaria que esta semana han desfilado y ocupado las carretas en señal de protesta. Pero la modernización de los instrumentos de trabajo no ha venido acompañada de la mejora de sus condiciones de vida. Por eso, junto a los ganaderos, están en pie de guerra denunciando directrices de Bruselas que les imponen una agenda verde dictada desde despachos que ignoran lo que es el trabajo del campo.

Denuncian la pasividad del Gobierno que en Madrid dice que les comprende y reconoce sus problemas pero no mueve un dedo en Bruselas y vota la Agenda 20-30 que impone algunas normas dictadas por ecologistas de salón. Reclaman que se cumpla la ley de la cadena alimentaria diseñada para evitar el trabajo a pérdidas. Quieren que durante 2024 se derogue la obligación del barbecho y reivindican que se simplifiquen los requisitos burocráticos que alargan y complican acceder a las ayudas previstas por la PAC.

También reclaman ayudas al Gobierno y a las CC.AA. para paliar la sequía que padecen muchas regiones españolas y que se mantenga la rebaja de impuestos al gasóleo agrícola.

En su memorial de agravios –razonado y razonable– señalan la desventaja que supone para los agricultores las regulaciones medioambientales europeas que no rigen para las importaciones de terceros países como es el caso de Marruecos o Sudáfrica. En la misma idea de proteger la producción agrícola en los países de la UE se inserta otra de sus demandas: paralizar los acuerdos con Mercosur.

La mayoría de los agricultores y ganaderos que están en pie de guerra son trabajadores autónomos a los que Hacienda cruje a impuestos llueva o no llueva y sin tener en cuenta su situación. La revuelta empezó en Francia, continuó en Bélgica y Portugal y ha llegado a España.

Ha llegado para quedarse, al menos hasta el 21 de febrero día en el que tienen anunciada una tractorada en Madrid frente al Ministerio de Agricultura.

El riesgo de radicalización de las protestas y la duración de los bloqueos de carreteras y el posible desabastecimiento de productos en los supermercados a causa de las tractoradas -”sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía”- dependerá del grado de sordera de los interlocutores del Gobierno.

Los de aquí y los de Bruselas.