La presidenta de Junts, Laura Borràs, a su salida del Parlamento Europeo

Junts vuelve a presionar al PSOE y le obliga a una nueva negociación de última hora, que visualiza la dependencia del Gobierno respecto de las fuerzas independentistas. El Congreso vota hoy el texto definitivo de la ley de amnistía, antes de su llegada al Senado, y Junts exige una vez más cambios a los socialistas.

Los últimos movimientos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, han disparado las alarmas en el secesionismo, que teme que si los socialistas no aceptan retirar las referencias al terrorismo del articulado de la norma, la justicia podría dictar nuevas órdenes de detención, más euroórdenes y podría ir más gente a prisión.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, instó ayer a los socialistas a negociar hasta el “tiempo de descuento” para incorporar las enmiendas vivas que defienden los independentistas en la ley de amnistía. Se trata, según la dirigente nacionalista, de proteger la norma de “las injerencias del poder judicial, que no son una sospecha, son una realidad”. Se refería a las actuaciones de García Castellón, quien dos días después de que el PSOE y Junts pactaran introducir enmiendas a la ley que solo deja fuera de la amnistía los delitos de terrorismo cometidos con la intención de causar violaciones de derechos humanos, el juez dictó una resolución que podría complicar la amnistía de Puigdemont y Marta Rovira.

En un auto sobre el caso Tsunami Democrático, en el que confirmó la personación de dos agentes de policía heridos durante las algaradas de las protestas por la sentencia del 1-O, el juez no descartó “ánimo homicida” en la plataforma Tsunami, que surgió para protestar contra la sentencia del Supremo, y afirmó que “no puede minimizarse” el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los socialistas afirmaron en un primer momento que el texto actual es el definitivo, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no cerró la puerta el pasado viernes a introducir nuevos cambios, en la votación de este martes. Tras su paso por la comisión de Justicia, el PSOE pactó con ERC y Junts que los delitos de terrorismo están excluidos de la ley de amnistía “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos”.

La enmienda
Para Junts es insuficiente y pide en una enmienda que se mantiene viva y que se votará este martes, suprimir toda excepción a la amnistía para delitos de terrorismo. En un primer momento, quedaron amnistiados los casos de terrorismo vinculados al ‘procés’ siempre y cuando no hubiese sentencia firme. “Si el texto queda como está ahora, hay un agujero negro por donde jueces como García-Castellón intentarán no sólo hacer entrar a las veintiséis personas del Tsunami y los CDR, sino todos aquellos que puedan. Hay piezas de las que no sabemos el contenido, pero de las que ya sabemos cincuenta o sesenta nombres de personas que un día fueron investigadas. Y no cuesta nada pedir otro informe adicional y volver a introducirlas en la causa”, según alertó ayer el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en vilaweb. Boye cree que una vez aprobada la ley se reabrirá, por ejemplo, la trama rusa del ‘procés’, que implicaba a Carles Puigdemont, por supuestos contactos con el Kremlin.

Borràs reclamó al PSOE negociar “todas” las enmiendas presentadas por los junteros. Esto es, la enmienda transaccionada con ERC, que elimina la referencia explícita al delito de terrorismo, lo que sería una patata caliente muy difícil de digerir para los socialistas. Los soberanistas exigen también que en la ley sean excluidos los delitos de traición contra el Estado español, con los que temen que se reabra la causa de la trama rusa. La amnistía, según afirmó Borràs desde Igualada (Barcelona), en un acto de partido, debe alcanzar a “todo el mundo que ha sufrido represión” y debe ser de “aplicación inmediata”.