ABC.- Si algo ha quedado claro en la sesión parlamentaria, ha sido la extrema fragilidad del sanchismo y el desgobierno al que el presidente y su ambición han conducido a la nación tras consumar el fraude democrático con el contubernio con todos y cada uno de los enemigos de la España constitucional.

El desenlace del pleno para convalidar tres decretos leyes claves se ha balanceado entre un amargo escarmiento a la soberbia de Moncloa, una enmienda a la totalidad de su discurso en torno a su mayoría sólida capaz de afrontar una legislatura con solvencia y el esperpento final de unas votaciones que han salvado el decreto «ómnibus», que incluye medidas comprometidas con la Unión Europea para el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, han tumbado la reforma de los subsidios para el desempleo y han obligado a repetir por un empate el de medidas contra la crisis.

Los preámbulos y el desarrollo de la sesión han desnudado con dramatismo el sometimiento del Ejecutivo a los designios de un prófugo de la Justicia como Puigdemont.

Tras un ejercicio de poder del separatismo golpista tan concluyente como el presenciado, ha quedado expuesta una administración títere en manos de un delincuente que no puede regresar a España ni abandonar Waterloo porque sería arrestado y puesto a disposición judicial, amén de la imagen deforme de una democracia decadente.

Pedro Sánchez ha sorteado el envite político con una victoria pírrica, que ha resultado de nuevo carísima al Estado. La compra de las siete abstenciones de Junts para salvar los muebles del sanchismo ha conllevado cesiones de enorme calado como el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la supresión del artículo «que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía», la publicación de las balanzas fiscales o el reconocimiento de supuestos derechos históricos en materia de régimen local, entre otras.

La claudicación al chantaje de Puigdemont ha sido tal en este primer mes de gobierno que prueba que Sánchez pagará cualquier precio por el poder, incluidos España, los españoles y la democracia. El autoritarismo democrático que mancilla el parlamentarismo se ha constituido como una amenaza consolidada. Al abuso anómalo del decreto-ley para burlar a las Cortes, asistimos a la constatación de que se quiere cancelar la alternancia y al primer partido de la Cámara que la hace posible, del que únicamente se acuerdan como recurso desesperado para que sume sus votos de manera incondicional.

La vendetta de Podemos contra Yolanda Díaz con su no a la reforma del subsidio añade más incertidumbre y zozobra a un periodo de excepción contra el estado de derecho y la convivencia, del que el pleno caótico y circense en el Senado ha sido un pésimo presagio.

España padece el gobierno más débil y peligroso de la historia con los aliados más indeseables. El sanchismo no respeta el Parlamento ni a la soberanía nacional que simboliza.