Gabriela Moreno.- China impuso un secretismo extremo a las cláusulas de los préstamos suscritos con el expresidente de Ecuador Rafael Correa, para entregarle 24251,60 millones de dólares durante la década que gobernó a la nación suramericana. Con esa modalidad, el régimen de Xi Jinping fomentó una compleja ruta del dinero que sólo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) logró rastrear y divulgar para destapar los términos abusivos que rodean sus vínculos económicos en Occidente.

Los hallazgos son escandalosos. Correa renunció al derecho a la defensa y la reclamación internacional para recibir dinero de China, comprometiendo con ello los intereses del país. Según las auditorías hechas a 12 proyectos financiados por Pekín en Ecuador, la deuda pública adquirida se caracterizó por aumentar la dependencia hacia nuevos y crecientes créditos, lo que propició “un sistema de concertaje financiero internacional”.

Ese es uno de los mayores descubrimientos de la investigación realizada por el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, que publicó la Fundación Mil Hojas a cuatro meses de su asesinato en Quito. El documento confirma que prevaleció “un nivel de opacidad nunca visto antes en el país, donde la propia institucionalidad del Estado y sus políticas fueron ajustadas a la demanda de secretismo que planteaban los acreedores”.

La práctica perversa

La fórmula discrecional y excesiva de China para entregar recursos a Correa le permitió imponer el congelamiento del precio del barril ecuatoriano, un hecho que generó perjuicios. La sumisión de Correa fue absoluta. Hizo todo para complacer al “Dragón Rojo”, desde liderar la expedición de una nueva Constitución hasta diseñar un compendio de leyes y códigos normativos para regular el funcionamiento de las empresas, las contrataciones públicas y los procesos de aprobación de endeudamiento externo.

Además, introdujo una modificación en el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Aunque la normativa establecía un método de cálculo del indicador deuda/PIB que no podía sobrepasar el límite legal del 40 %, Correa emitió un decreto para cambiar la metodología, excluyendo los indicadores de la deuda interna con entidades públicas y, especialmente, las preventas de petróleo.

Hasta la Procuraduría General del Estado (PGE) aceptó que las disputas comerciales se resolvieran en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres y en idioma inglés, hecho que contradecía la filosofía de Correa respecto a la soberanía, en la que se basó para abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

Cambios para llenar arcas

Todos estos cambios brindaron maneras de eludir controles y contrapesos para firmar “oscuros acuerdos de crédito con China”, sin licitación abierta. En tan solo un año, entre 2006 y 2007, el primero de Correa en el poder, la inversión extranjera directa de la China en Ecuador creció exponencialmente al pasar de 11,90 millones de dólares a 84,80 millones de dólares.

Tampoco pueden omitirse los créditos bilaterales que escalaron de siete millones de dólares al doble, convirtiendo a China en parte de la “Asociación Estratégica Integral”. La entrega de dinero fue progresiva. Primero, se identificaron 22589,60 millones de dólares otorgados entre 2010 y 2019, a través de Export-Import Bank of China (EXIMBANK) y China Development Bank (CDB). Y, luego, están los contratos de financiamiento firmados entre PETROECUADOR con las instituciones comerciales Bank of China e Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), respectivamente, por 1662 millones de dólares, entre 2013 y 2016. Las intermediaciones dejan pérdidas de 5000 millones de dólares a Ecuador hasta la fecha.

Una trama asfixiante

Detrás de los negocios de China en Ecuador hay al menos 32 protagonistas, entre exfuncionarios ecuatorianos, cabilderos especializados en el comercio internacional de petróleo provenientes de varios países, empresas estatales y privadas de Ecuador, así como de todo el mundo, en conjunto con oficinas de representación en Asia, Europa y América.

En ese sentido, la investigación de Villavicencio revisó la información recopilada por el Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana, elaborado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), así como también el concepto de capitales corrosivos, propuesto por Center for International Private Enterprise (CIPE), para calificar «al financiamiento que carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado que fluye de los regímenes autoritarios a las democracias nuevas y en transición»

En ambas referencias, “los prestamistas chinos no contemplan, entre sus condiciones previas a la entrega de recursos, la existencia de estudios de prefactibilidad, factibilidad e impacto ambiental de los proyectos. Tampoco verifican el cumplimiento de diseños y especificaciones técnicas, ni de plazos por parte de los contratistas, lo que explica los graves problemas que presentan las obras entregadas. A ello se suma que los costos de estos proyectos de infraestructura financiados por China terminaron duplicándose o hasta triplicándose en relación con los valores inicialmente anunciados y no cumplieron a cabalidad con los objetivos con los que se justificaron su endeudamiento y construcción.

Un triángulo peligroso

Es la instauración del “triángulo de hierro” de China en Ecuador, una definición originalmente acuñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que consiste en que los bancos chinos prestan el dinero a cambio de sus empresas ejecutar las obras de infraestructura hidroeléctrica, de transmisión de electricidad, hidráulica o proyectos viales educativos.

Si bien los nuevos créditos con el país asiático cayeron durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la capacidad de pago de Ecuador disminuyó tras la pandemia obligando a reestructurar los créditos para lograr ampliaciones de plazos para el pago de capital. A febrero de 2023, solo la deuda con la banca china se ubicaba en USD 3813,80 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Observatorio Fiscal. Este monto representa el 8,08 % del total de la deuda externa.