El dinero recaudado por el «impuesto a los ricos» implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año pasado se quedará en Madrid. Esto es lo que pretende el Ejecutivo regional, después de que el Tribunal Constitucional avalase ayer el tributo «de solidaridad», gracias a su mayoría de jueces «progresistas». Inmediatamente, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente esos fondos.

«Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo», ha explicado la presidenta de la comunidad madrileña. «No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid, un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se queden en las arcas madrileñas. Y así podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos, para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo», dijo Ayuso.

La Comunidad de Madrid responde así al intento de Moncloa de que las grandes rentas superiores a los 3 millones de euros que residen en la región paguen más impuestos. En la actualidad, son 10.302 contribuyentes madrileños los que deben hacer frente al nuevo tributo, articulado por el Ministerio de Hacienda para perjudicar sobre todo a Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio –un tributo en teoría cedido a las comunidades autónomas– está bonificado.

Es por ello que el departamento que dirige María Jesús Montero ideó un nuevo impuesto destinado a gravar a los contribuyentes con altos patrimonios en aquellas regiones, como Madrid, donde Patrimonio está bonificado en virtud de las competencias fiscales autonómicas, pero contra las intenciones del Ministerio de Hacienda. Así, según explicaron fuentes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, se modificará la actual bonificación para que esas rentas vuelvan a estar sujetas al pago del Impuesto de Patrimonio –recaudado por la comunidad– y escapen al nuevo tributo –recaudado por Hacienda–.

Además, el Gobierno regional está pensando ya en fórmulas para aplicar nuevas rebajas de impuestos a esos contribuyentes, de forma que se pueda compensar el dinero que van a pasar a pagar ahora de más al volver a pagar el Impuesto de Patrimonio.

«Se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio. De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio», explican desde el Ejecutivo regional.

«En otros países donde se ha aplicado este impuesto ha causado daños enormes y, como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndola. Lo me sorprende es que le den tanta independencia a algunas comunes autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad. Además, es un impuesto que se recauda el 90% en Madrid. Por tanto, va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo el contribuyente madrileño», señaló Isabel Díaz Ayuso.

El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024 y que también fue recurrido por la Junta de Andalucía, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. El Gobierno de Ayuso recurrió el impuesto por considerar que provocará unas pérdidas a las arcas públicas madrileñas de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la región. Asimismo, destacaba «la inseguridad jurídica» del nuevo impuesto, por sus efectos retroactivos para todo 2022, pese a su entrada en vigor a finales de diciembre, lo que conlleva «una carga fiscal» para los contribuyentes que no contaban con ello.

La decisión adoptada este martes por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca. El impuesto es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos superiores a 10,6 millones.

La Razón