El Banco de España acaba de hacer públicas sus previsiones de crecimiento de la economía para este año y ha elevado la tasa de PIB hasta el 2,3%, 7 décimas más que lo que había previsto en el mes de marzo. Sin embargo, traslada varias preocupaciones que son de muchísima importancia. Cree este organismo que en las últimas semanas se están detectando señales claras de debilidad en el mercado de trabajo y en la confianza de los empresarios.

Además, se muestra preocupado por la evolución del sector exterior, lo que se compadece con la entrada en recesión de la eurozona, dato conocido la semana pasada. Tampoco ahorra preocupación por el elevado endeudamiento. El lunes se conoció el dato de deuda sobre PIB que se situó en el 113% y ascendió a 1.526 millones de euros, cifra récord y que supone una tasa de aumento sobre abril del 5,6% en términos interanuales.

Cierto que a pesar de todas estas preocupaciones el Banco de España eleva el crecimiento económico, sin embargo, pone el dedo en la llaga de los problemas graves a los que deberá enfrentarse el gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio.

De hecho, habla claramente de la necesidad de poner en marcha cuanto antes un proceso de consolidación fiscal que debe pasar por ajustar gastos para reducir el déficit público y la deuda cuyo coste se eleva a 5 millones de euros cada hora. Un endeudamiento que ha superado hasta el momento los 300.000 millones durante el gobierno de Pedro Sánchez y cuyo servicio ha aumentado exponencialmente al subir los tipos de interés. Más de 40.000 millones del presupuesto se van esta partida.

Veremos, si finalmente hay cambio de gobierno, cómo afrontará el campo de minas que ha sembrado Sánchez, empezando por el escaso y mal uso de que se ha hecho de los fondos europeos. Un dinero que debería haber servido para dinamizar la economía y que se están gastando, lo poco que se ejecuta, en asuntos que nada tienen que ver con ese propósito. Lo último conocido son 250 millones en turismo resiliente.

También qué ha ocurrido con ayudas como la rebaja del IVA de los alimentos, cuando el 40% de los productos afectados han subido de precio o el nuevo empuje a los 400 euros para jóvenes. No cabe duda de que la auditoría de las cuentas públicas es más que necesaria para poner orden no sólo en lo que se ha gastado y cómo se ha hecho sino en los compromisos a futuro de los que se desconoce absolutamente todo.