El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la Ley de Vivienda un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice “más estable e inferior a la evolución del IPC”.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado este acuerdo “importante, de enorme trascendencia en lo social y político”, que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, también incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.

El pasado diciembre el PSOE llegó a un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la ley estableciera un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos sorprendió en la última reunión con la propuesta del 3 % el primer año y que después el límite lo determinara un índice de precios por elaborar, algo que fue rechazado por las otras tres formaciones.

Dos topes, según los propietarios

La nueva Ley de Vivienda marcará diferencias para topar los alquileres en las áreas tensionadas del centro de las ciudades según sean grandes o pequeños propietarios. Se distinguirán dos tipos de topes y se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

“Estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva”, ha señalado la diputada republicana que también ha explicado que la declaración de zona tensionada pivotará sobre dos condiciones que no tienen porque cumplirse a la vez.

“Con que se cumpla uno de las dos, ese territorio podrá ser declarado zona de contención de rentas”, ha indicado Vallugera que ha destallado que las dos condiciones son; que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.