Son numerosos los casos de corrupción y los procesos judiciales abiertos contra miembros del Partido Socialista. Además son bastantes los altos cargos del partido tanto a nivel nacional como regional que están implicados en ellos. Estos son sólo algunos de los ejemplos más representativos:

Caso Faisán: La investigación del chivatazo que se hizo a la banda terrorista ETA en mayo de 2006 para evitar una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA destapó uno de los mayores escándalos de la democracia, en el que están implicados importantes miembros del PSOE. Actualmente hay tres procesados en el caso Faisán: dos altos mandos policiales de Rubalcaba y el que era entonces director general de la Policía, el cargo político, Víctor García Hidalgo. A pesar de su situación judicial sigue siendo secretario de Organización del PSOE de Álava y está siendo defendido a capa y espada desde Ferraz.

El caso también está salpicando a altos cargos del Ministerio. El nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, también aparece en el caso. Su teléfono móvil del ministerio, cuando era secretario de Estado de Seguridad, aparece dentro del tráfico de llamadas antes, durante y después del soplo a los etarras y habría recibido llamadas de García Hidalgo. Para el PP la responsabilidad en este caso llega incluso más alto y apuntan directamente a Pérez Rubalcaba, al que llaman la equis del chivatazo a ETA.

Manuel Chaves y los privilegios de su familia: El vicepresidente segundo también se ha visto salpicado por numerosos escándalos por las subvenciones que la Junta de Andalucía daba a las empresas que tenían contratados a sus hijos. El caso más sonado fue el de Matsa. El presidente del PSOE firmó la subvención de diez millones de euros a la empresa apoderada por su hija Paula, cuando debería haberse inhibido según la Ley de Incompatibilidades. Meses antes, el Ministerio de Industria había denegado esta ayuda por el alto riesgo de impago.

La cosa no quedó ahí y su hijo Iván también saltó a la actualidad tras hacerse públicos sus suculentos negocios con la Junta de Andalucía. El vástago del socialista andaluz se definía como comisionista de varias empresas que conseguían a su vez apetitosos contratos del Gobierno andaluz y de otra serie de administraciones locales gobernadas por el Partido Socialista.

Los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía: Uno de los casos de corrupción más importantes de España se consiguió destapar gracias a la investigación que la juez Alaya realizó sobre el caso Mercasevilla, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y en el que hubo varios concejales imputados y hasta un consejero implicado.

A partir de ahí se fue destapando el caso de los ERE. Fue el ex director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero, quien desveló la existencia de un “fondo de reptiles” de 650 millones de euros con el que se realizaron ERE fraudulentos de varias empresas. En estos expedientes aparecían incluidos numerosos socialistas y sindicalistas a los que no les correspondían dichas pensiones.

El caso fue ascendiendo en el organigrama de la Junta e implicó a varios altos cargos del Ejecutivo andaluz, entre ellos varios exconsejeros, uno incluso aparecía en uno de los ERE. La trama se inició con Manuel Chaves en la presidencia y José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y siguió con este último como jefe de Gobierno. De hecho, un informe de la Intervención General de la Junta afirmaba que ambos conocían la existencia de este “fondo de reptiles”.

El abultado patrimonio de Bono, sus áticos y la hípica: El espectacular crecimiento del patrimonio de la familia Bono también está siendo investigado por la Justicia y por los medios de comunicación. Destaca la cantidad de inmuebles que posee el manchego y que incluye dos pisos en Estepona, un ático de lujo y un piso en el céntrico barrio de los Austrias en Madrid para su hijo, una finca en Albacete y varios chalés en la provincia de Toledo.

También se produjo una investigación que se ha hecho de la Hípica Almenara, propiedad de la familia Bono, por un presunto delito societario y falseamiento de cuentas anuales. Por otro lado, motivo de otras polémicas fueron los regalos que recibió como caballos de carreras y obras de reforma en sus propiedades sufragadas por empresarios manchegos muy vinculados al actual presidente del Congreso.

Compra de votos en Melilla: Dionisio Muñoz fue el candidato del PSOE por Melilla en las últimas elecciones municipales, a pesar de estar imputado por un presunto delito electoral, falsedad documental y uno posible de obstrucción a la justicia. En las elecciones generales de 2008, el PSOE melillense inició una trama de compra de votos a 2.500 desempleados, a cambio de un puesto de trabajo en los “planes de empleo” de la Delegación del Gobierno de Melilla. Después de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla imputó a 27 altos cargos políticos, entre los que se encontraban cuatro diputados del PSOE y dos del grupo Coalición por Melilla.

Las “obras” del líder del PSG: Manuel ‘Pachi’ Vázquez: El secretario general de los socialistas gallegos derribó clandestinamente una de sus construcciones supuestamente ilegales de su mansión rural en San Amaro (Orense). La última fue un cenador acristalado que hacía las funciones de caseta de piscina. Además, en 2006, la esposa de Vázquez, también concejala del PSG, presentó una solicitud de licencia para cambiar las tejas de su casa. El Consistorio valoró el trabajo en 4.000 euros. Sin embargo, la obra en cuestión fue valorada entre 400.000 y 600.000 euros. Manuel Vázquez pagó 80 euros en tasas, cuando debía haber abonado entre 6.000 y 12.000.

José Blanco y “Villa PSOE”: En la gallega isla de Arosa, el ayuntamiento socialista, regido por José Manuel Vázquez Vázquez, accedió a que una promotora privada levantase cuatro bloques de edificos con pisos, dúplex y áticos de lujo –el más barato, valía 300.000 euros-. La Ley 22/1998 de 28 de julio, conocida como Ley de Costas, establece con claridad una distancia mínima de 100 metros de la costa para poder edificar. Esta urbanización de lujo está a una distancia inferior a los 100 metros de la costa. La Ley de Costas permite excepciones, en casos de especial interés público o económico, en las que se baja la línea de costa hasta los 20 metros. José Blanco es uno de los propietarios del residencial.