Una publicación conjunta de The Guardian y del ‘think tank’ Responsible Statecraft revela que lobistas ‘pro bono’ que trabajan para ayudar a Ucrania en el conflicto contra Rusia obtienen beneficios millonarios al representar a empresas armamentísticas que tienen contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU.

Por ley, para realizar este tipo de actividades se debe estar inscrito en los términos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA por su sigla en inglés). Desde el inicio de la operación militar rusa en territorio ucraniano, 25 solicitantes de registro aceptaron representar los intereses de Kiev, mientras que antes del 24 de febrero de 2022 eran solamente 11.

En un registro en FARA, uno de ellos explicó que pretenden impulsar al Gobierno de EE.UU. a “aumentar el gasto del Departamento de Defensa en contratos relacionados con equipos y otros esfuerzos que ayudarán a la capacidad del Ejército ucraniano para tener éxito en su lucha contra el Ejército ruso”.

Ejemplo de esta doble función es la actividad desarrollada por el exsenador Norm Coleman, abogado principal de la firma Hogan Lovells, que presentó el 16 de febrero documentos en FARA que revelan su tarea ‘pro bono’ (para el bien público) a favor de una fundación controlada por el oligarca ucraniano Victor Pinchuk. Además, en correos electrónicos del 4 de febrero solicitó asistencia a senadores para organizar un evento en el Capitolio en el que pudiera “dar a los miembros del Congreso una mejor comprensión de la horrible pérdida de vidas y la trágica agonía que el pueblo de Ucrania ha experimentado a lo largo del último año”.

Pero mientras Coleman y Hogan Lovells realizaban su tarea ‘pro bono’, dos de los clientes de la firma mantenían contratos con el Departamento de Defensa y, por lo tanto, intereses en el conflicto bélico. Uno de ellos es Looking Glass, que tiene un contrato de cinco años para “proporcionar datos de inteligencia de amenazas cibernéticas personalizados y mejorar la efectividad de la misión de analistas y operadores de amenazas cibernéticas militares de EE.UU.”. Por su parte, HawkEye 360 es contratista del Departamento de Defensa especializado en la detección y geolocalización de señales de radio.

“No hay conflicto de intereses”

BGR Government Affairs comenzó a hacer ‘lobby’ en mayo de 2022 gracias a sus contratos con Vadym Ivchenko, integrante del Parlamento ucraniano, y con Elena Lipkivska Ergul, consejera del presidente Vladímir Zelenski. También el año pasado la firma obtuvo más de medio millón de dólares por su trabajo a favor de contratistas del Pentágono que se benefician de la continuidad del conflicto. Uno de ellos es Raytheom, que ganó más de 2.000 millones de dólares por su relación con el Gobierno.

Incluso el 22 de febrero de 2022, dos días antes del comienzo de la operación militar especial rusa, un asesor de BGR llamó públicamente a aumentar la ayuda militar a Ucrania. “Militarmente, Estados Unidos y los aliados de la OTAN deben tomarse mucho más en serio el ayudar a Ucrania a defenderse”, afirmó. Sin embargo, el presidente de BGR, Jeffrey H. Birnbaum, al ser consultado sobre un posible conflicto de intereses emitió un comunicado en el que aseguraba: “BGR no tiene conflicto de intereses y está orgulloso de su trabajo en nombre de Ucrania y de todos sus clientes”.

Intereses rusos y ucranianos

Antes del conflicto, la firma Mercury Public Affairs, especializada en consultoría de estrategia política y relaciones públicas, había trabajado durante años como lobista del banco ruso Sovcombank y de la compañía de energía fundada por el oligarca Oleg Deripaska. Sin embargo, a mediados de 2022 se vinculó de forma ‘pro bono’ con la ONG ucraniana GloBee International Agency for Regional Development.

Mientras defendía los intereses de Kiev, también trabajaba para contratistas del Pentágono, de los que recibió pagos por más de 180.000 dólares.

Por su parte, Navigators Global se registró en FARA para representar al Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia en el Parlamento ucraniano. Como las anteriores firmas, además de hacer ‘lobby’ entre los congresistas estadounidenses, también representaba a contratistas de Defensa, que le reportaron ingresos de 830.000 dólares durante el año pasado.

Entretanto, Ogilvy Group, una agencia de relaciones públicas y publicidad, registró en FARA su vínculo con el Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania. Sin embargo, mientras afirmaba que “Ucrania aún está abierta para negocios”, Ogilvy Government Relations hacía ‘lobby’ para contratistas del Pentágono. Aunque estas organizaciones son entidades separadas, ambas pertenecen a la misma compañía matriz, WPP.

Según el informe, al menos una de las contratistas para las que Ogilvy Government Relations hacía ‘lobby’, llamada Fluor, se beneficiaba con el envío de armas a Ucrania y con el incremento de la presencia militar en toda Europa, gracias a un contrato por cinco años firmado en 2020 con el 7.º Comando de Entrenamiento del Ejército de Europa del Ejército de EE.UU.