Una eventual reforma del delito de malversación como la apuntada por Unidas Podemos, al considerar algunos miembros del Gobierno que la regulación actual “no es justa” porque pena igual los casos en los que hay lucro personal y los que no, podría beneficiar a una decena de líderes independentistas, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, así como a los condenados por los ERE, incluido el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y, en general, a los sentenciados por este delito.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que el principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada, que podrían ir desde una rebaja de las penas por este mismo ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quedara redactada la reforma penal.

Cabe recordar que, actualmente el Código Penal (CP) castiga la malversación en su artículo 432 con penas de entre 2 y 12 años de cárcel a los que teniendo facultades para administrar patrimonio público “las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.

Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por sedición pero también por malversación: Junqueras, que recibió 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación.

En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero siguen vigentes las de inhabilitación, que habrá que revisar igualmente si las Cortes Generales aprueban la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de eliminar la sedición para crear un nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados”.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría al ex presidente catalán Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos huidos pero reclamados por el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, por dicho delito y el de sedición.

A ellos se suman los ex altos cargos de las consejerías de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la organización del 1-O.

GRIÑÁN, ENTRE LOS POSIBLES BENEFICIADOS

También podría verse beneficiada una decena de personas que fueron condenadas por la gestión de los ERE de Andalucía, incluido Griñán. El pasado septiembre, el Tribunal Supremo confirmó para ellos penas de prisión de hasta 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.

Junto a Griñán, constan los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex director de Trabajo Juan Márquez, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano. El Supremo ratificó la tesis de que eran conocedores o conscientes del “sistema ilegal” implantado para conceder los fondos.

Algunos de los condenados por el ‘caso Noos’ podrían verse, a su vez, agraciados con la medida, incluido el ex duque de Palma y ex presidente del Instituto Noos Iñaki Urdangarin, sobre quien pesa una condena de 5 años y 10 de prisión –y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta– por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.

Urdangarin, desde junio de 2021, tiene permiso de Instituciones Penitenciarias para acudir solo un día por semana a la cárcel de Zaballa (Álava) gracias a la modalidad de control telemático por el que cumple el tramo final de su condena en semilibertad, una decisión que se suma a la autorización judicial para poder salir de España por motivo laboral.

En el marco de este procedimiento también fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión –y 4 años de inhabilitación absoluta– el ex vicepresidente del Instituto Noos Diego Torres por prevaricación en concurso medial con malversación y un delito contra la Hacienda Pública. De prosperar la iniciativa de Unidas Podemos, podría verse afectada su situación y la del ex presidente del Govern Balear Jaume Matas, también condenado en el ‘caso Noos’ por malversación.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las citadas fuentes subrayan que se trata de un delito clave en la lucha contra la corrupción, por lo que cualquier cambio impactará de lleno en macrocausas como ‘Gürtel’, ‘Púnica’ o ‘Lezo’.

Así las cosas, la revisión afectaría igualmente a los 13 condenados por malversación en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional (AN) por la conocida como Época I de ‘Gürtel’. Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa; su ‘número dos’, Pablo Crespo; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; o el denunciante de ‘Gürtel’ José Luis Peñas.

A ellos se unirían la administradora de parte de las empresas de la trama Isabel Jordán, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, el encargado de la facturación de las compañías de ‘Gürtel’ José Javier Nombela o el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

También se verían afectadas las condenas impuestas a Correa y Jordán por la AN en otra de las piezas de ‘Gürtel’: la relativa a las actuaciones de la trama en el municipio madrileño en Boadilla del Monte. Entre los hipotéticos beneficiados se encuentran el ex alcalde Arturo González Panero.

Siguiendo con ‘Gürtel’, Crespo y Correa también saldrían ganando en relación a la condena que le impuso la AN por la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los condenados igualmente por malversación por este asunto están Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, el ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno y el vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra.

EL EFECTO EN ‘LEZO’ Y ‘PÚNICA’

En lo relativo a ‘Lezo’, ese cambió podría afectar a los acusados que serán juzgados a partir del próximo 24 de mayo en el primer juicio de esta causa, que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un “sobreprecio” a costa de las arcas públicas.

Entre los acusados que podrían verse beneficiados se encuentran los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, así como varios técnicos y ex consejeros de la empresa pública de aguas y gestores e intermediarios en la operación.

Siguiendo con causas de corrupción, la reforma también afectaría al fallo que se dictará una vez concluya el juicio por las presuntas actuaciones de ‘Púnica’ en León que arrancó la pasada semana en la AN y que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto ‘conseguidor’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos ex cargos del Partido Popular en esa provincia, el ex presidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el ex jefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.