El sector del transporte de mercancías ataca de nuevo. A las 0.00 h de este lunes, los transportistas dieron por comenzado el segundo paro indefinido del año para presionar en favor de sus reivindicaciones, en la semana previa al Black Friday. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, convocante de las movilizaciones, ha ignorado las críticas del Gobierno, de los supermercados y del resto de las patronales de transporte y finalmente no ha desconvocado este paro, que será secundado, en su mayoría, por los camioneros autónomos.

Denuncian, básicamente, que la ley que consiguieron forzar con el paro del pasado marzo no se está cumpliendo, con lo que el sector está “prácticamente” en la misma situación que a principios de año.

Durante la primera jornada de paro, este lunes, los transportistas participarán en una manifestación en Madrid que hará un recorrido a pie desde la plaza de Carlos V (Atocha) hasta el Ministerio de Transportes, y en la que la plataforma espera que participen también asociaciones de otros sectores como la agricultura, ganadería y hostelería.

Los precedentes: una ley que “no se respeta”

Las movilizaciones históricas que se produjeron en marzo duraron 20 días y ocasionaron problemas de suministro en varias zonas del país. Manuel Hernández, portavoz de la plataforma y líder de los paros, puso en jaque al Gobierno y consiguió que las patronales oficiales del sector acabasen uniéndose a los paros tras nueve días.

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte no está incluida en el Comité Nacional del Transporte en Carretera, organismo oficial de interlocución con el Gobierno formado por Anatrans, ASTIC, CETM, Fenadimiser, Feteia, Fitrans y UNO. Sin embargo, la organización de Hernández, que representa a autónomos y algunas pymes, mostró una gran capacidad de movilización que el Gobierno no esperaba.

Al acabar el paro de marzo, el portavoz advertía en tono desafiante: “Esto no se ha terminado”, y finalmente así ha sido. Tras las movilizaciones, el Comité comenzó a negociar con el Ejecutivo, que acabó impulsando un decreto-ley que recogía las reivindicaciones del sector. La subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, 450 millones de euros para el sector, las ayudas al abandono de la profesión, la devolución mensual de la bonificación del gasóleo profesional y, finalmente, la garantía legal de que los transportistas no trabajen a costes parecían suficientes razones para olvidar esta lucha.

Sin embargo, la plataforma de transportistas no deja de sentirse ninguneada, asegura que la ley “no se está respetando” y habla incluso de “medidas propagandísticas”. Todo esto ha llevado a una nueva convocatoria de paro indefinido impulsada por la organización de Manuel Hernández, sin el apoyo de las patronales del Comité Nacional del Transporte en Carretera y con el sector alimentario en contra.

La reivindicación: más inspección y “sanciones ejemplares”

El pasado jueves, el Gobierno llevó a cabo un intento fallido de frenar la convocatoria. Los representantes de la plataforma de transportistas fueron convocados a una reunión en el Ministerio de Transportes. Según el Ejecutivo, la reunión era puramente informativa; según Hernández, la plataforma había sido convocada “por la vía de urgencia”.

El portavoz confirmó a la salida del encuentro que el paro iba a continuar e indicó al Gobierno la fórmula para evitar el desastre: un documento “con compromisos serios y firmados” que llegase a su mesa antes de acabar el domingo. El documento no ha llegado y Hernández ha mantenido la convocatoria de paro.

Lo que defiende la organización es un plan formal de inspección para vigilar que se cumpla la legislación sobre la carga y descarga de camiones y los precios de contrato. Hernández insistió durante su comparecencia a las puertas del ministerio en que se incluyeran “sanciones ejemplares” a las empresas que contraten camioneros en condiciones ilegales y en que se debe producir “un aumento del número de inspectores”.

Las reivindicaciones que trasladaron al Ejecutivo, las que motivan este paro, incluyen un aumento de la inspección a las empresas cargadoras (las que contratan a los camioneros) y la inclusión de los contratos prolongados en la ley de transporte. Según explicó Hernández el jueves, los cargadores han encontrado en estos contratos una vía de “evasión de la ley” que les permite pagar por debajo del precio de coste.

El Ministerio de Transportes respondió a la plataforma instándole a recapacitar y desconvocar un paro que “ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector”. “España cuenta con una de las legislaciones en materia de transporte más avanzadas de Europa”, recalcó el Gobierno.

Según ha comunicado el ministerio, la elaboración del plan de inspección (principal exigencia de los transportistas) ya está en marcha y el texto se aprobará “a finales del mes de noviembre”. “Incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada”, señalaron el jueves desde el Gobierno.

La vía del diálogo y las denuncias

La CETM, principal patronal del sector, señaló a la plataforma de Hernández la vía alternativa a los paros el mismo día que estos fueron convocados. A través de un comunicado publicado el 7 de noviembre, la CETM aseguraba que los acuerdos alcanzados con el ministerio tras los últimos paros “suponen un antes y un después” y defendía la necesidad de “evitar un paro que solo perjudicaría al sector”. “La vía del diálogo con el Gobierno está dando sus frutos”, zanjaba la patronal, que declaró más tarde que el paro era “una insensatez”. Una tesis defendida también por el Gobierno, que recuerda la posibilidad de interponer denuncias para ayudar a la inspección de cargadores.

El propio Manuel Hernández aseguró el jueves que los transportistas ya han denunciado a varias empresas, pero no tienen “ninguna información por el momento” del estado de esas demandas, sin embargo, el Ejecutivo aseguró que no ha recibido “ninguna denuncia formal sobre precios que no cubren los costes”.

Desde que se publicó la ley de transporte se han habilitado dos vías de denuncia: la oficial y la anónima. La primera exige que se identifique al infractor y la infracción cometida y que se facilite la información necesaria para que la inspección sea eficaz. La segunda está abierta a través de un buzón al que se puede enviar información sobre incumplimientos que puedan ayudar a la inspección.

Este buzón ha recibido 88 denuncias de particulares de entre las 105.000 empresas de transportistas. El Gobierno asegura que “estas denuncias anónimas se están depurando, y la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección o no se acogen a los supuestos sancionables”. En cuanto a las denuncias oficiales, el Ejecutivo niega haber recibido ninguna, en contra de lo que sostiene Hernández.

Finalmente, el Gobierno no ha conseguido evitar el paro y queda ahora a la expectativa de ver si cuenta con el apoyo de las movilizaciones de marzo. De ser así, la difícil situación económica de las familias españolas se podría ver agravada en la semana previa al Black Friday y con la Navidad a la vuelta de la esquina.