La maquinaria económica del Estado y sus sistemas de recaudación son uno de los mecanismos más temidos por quienes cuentan con unos ingresos limitados y no siempre se encuentran en una posición suficientemente solvente como para afrontar todas sus obligaciones. El IVA, el IBI, el IRPF, la tasa de autónomos, el Impuesto de Sucesiones y otros tantos cobros más se agolpan en la puerta de los españoles mientras Hacienda, la Seguridad Social, los ayuntamientos y las comunidades autónomas hacen cola para cobrar su parte correspondiente. El problema se origina cuando el sueldo no alcanza para cumplir estrictamente con todas las demandas del Estado y se entra en proceso de adeudo.

Si bien es cierto que los organismos oficiales tratan de motivar el pago de las obligaciones económicas ciudadanas con algunas propuestas personalizadas, también lo es que no siempre la flexibilidad del Estado es la esperada de un órgano cuya función es el servicio y la gestión ciudadana, y no el lucro propio de otras entidades como los bancos. Esta situación provoca en no pocas ocasiones la acumulación de deudas por parte de los ciudadanos con cifras que traspasan los límites de la cordura. Sin entrar en exageraciones, algunas de ellas llegan a ser millonarias y arruinan de por vida a los deudores. Ahora bien, ¿existe algún modo de evitar la devolución?

La respuesta es sí y en este artículo ofreceremos información de cómo proceder.

Ley de la Segunda Oportunidad

Con el nombre de Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) se conoce a la norma legislativa con la que el Estado pretende facilitar a los granes deudores su reposición económica, evitanddo así su caída en la ruina y su condena a una vida eternamente endeudada e indigna. Además, gracias a ella podrán salir de ASNEF, un fichero general de morosos en el que se puede comprobar las deudas de las que hace acopio cualquier ciudadano. No olvidemos que estar inscrito en él puede acarrear problemas a la hora de pedir créditos, hipotecas y demás servicios de préstamo.

Con la LSO se pretende no sólo facilitar la recuperación económica de los individuos, sino su continuidad como miembro del sistema que pueda seguir aportando a las arcas del Estado en lo sucesivo. Además, supone una herramienta de recaudación que trata de solventar las deudas millonarias, en las que las arcas nacionales son al fin y al cabo las verdaderas perjudicadas. En palabras de algunos especialistas, si le debes 15.000 € al Estado, el problema es tuyo. Si le debes 15 millones, el problema es del Estado.

No obstante, acogerse a esta ley (para lo que será necesario estar en el registro concursal) no es un trámite cualquiera y despreocuado como el de abrirse una cuenta en una red social, sino que debemos estar asesorados por un especialita. Contar con un abogado será la mejor opción.

EMPIEZA DE CERO

EMPIEZA DE CERO es la empresa de abogacía con mejor reputación actualmente en materia de LSO. Sus profesionales, especializados en la resolución de conflictos económicos y deudas (especialmente con el Estado), llevan trabajando sin descanso desde 2008 para los usuarios que recurren a ellos puedan llegar a un acuerdo fructífero con la administración. La reunificación de deuda, la reducción y la cancelación son sus objetivos, aunque principalmente el último. Desde su nacimiento, el número de casos exitosos no ha cesado de crecer, llevándolos a convertirse en líderes y refentes del sector en España.

Según la propia LSO, tanto personas naturales como empresas pueden beneficiarse de estos “indultos” o reducciones, por lo que desde EMPIEZA DE CERO aceptan igualmente a empresas consolidadas y a autónomos con negocios locales e ingresos medios. Especialmente estos últimos, que de manera general no cuentan con un departamento legal como en las grandes compañías, pueden obtener grandes beneficios de la asistencia que los abogados de esta entidad les brindan. Además, durante las distintas fases del proceso existe el compromiso de estar acompañados por el mismo abogado, creando una relación de confianza fundamental para el éxito final de la operación.

En cuanto a los honorarios, desde la empresa entienden que los clientes que recurren a sus servicios se encuentran precisamente en circunstancias económicas más bien complicadas, por lo que el precio no puede excederse.

Respondiendo a sus políticas de compromiso con los usuarios afectados, el cliente sólo abonará un pago único de 3.500 € más IVA en los que se incluyen abogado, procurador, notario y registrador. Aunque a priori pueda parecer una cifra algo elevada, lo cierto es que el cómputo total es muy razonable teniendo en cuenta que cada uno de estos servicios por separado podría hacer un total de casi 5.000 €. Por otro lado, no debemos perder de vista que pagar la deuda completa siempre será más caro.