Pongamos el caso de Salt, Roses, Lleida, Murcia o los delicados casos de Ceuta y Melilla… Si Trinidad Jiménez avanza en su decisión de permitir el voto de los marroquíes en las municipales, ¿cómo podría cambiar el mapa de estas ciudades, cuya población marroquí es la mayoritaria en un censo sobrecargado de extranjeros? Por supuesto no hablamos de nacionalizados españoles, sino de personas con pasaporte de Marruecos y permiso de residencia que, gracias a la dadivosidad de la ministra, podrían decidir el futuro de muchos municipios.

No importa su grado de integración, su conocimiento del idioma, su apego a los valores democráticos, su poca o mucha radicalidad religiosa y, en definitiva, no importa nada, porque resulta que somos tan guays que estamos encantados de poner el destino de nuestros pueblos en manos de los últimos que llegan. Por supuesto, doña Trini se ha apresurado en decir que esta decisión convierte a España en “un país de vanguardia”, y que bla, bla, bla… Y lo que es una bomba de relojería que estallará en el corazón de muchos conflictos se ha convertido en retórica ministerial, en un ejemplo de aperturismo. ¿Aperturismo o una considerable ceguera? Porque hablando con la claridad con la que suelo hacerlo en esta columna, los hechos son los siguientes: los marroquíes que podrían votar rozarían los 600.000, de los cuales más de 200.000 lo harían en Catalunya. Es entre la población marroquí donde más abundan los imanes integristas y el salafismo es más popular. El partido Justicia y Espiritualidad, prohibido en Marruecos y que lucha por emular la revolución de Jomeini, está perfectamente asentado en muchas ciudades españolas y los congresos salafistas que se han hecho en el país han sido, mayoritariamente, dirigidos por ciudadanos marroquíes. En dichos congresos se potencia la idea de leyes paralelas a las democráticas, para poder vivir en suelo occidental, bajo la imposición de la charia.

Y, por supuesto, la mayoría de los conflictos vinculados al tema de lamujer vienen de este colectivo. De manera que sin lucha efectiva contra el fanatismo religioso, sin la exigencia de un conocimiento de la lengua, el país y las leyes propias y sin haber frenado la influencia de los imanes radicales, ¿tiene lógica que permitamos el voto? Peor aún, ¿es prudente? Personalmente creo que es de una imprudencia rayana en la irresponsabilidad. Primero, porque envía el mensaje letal de que la democracia no exige deberes cuando da derechos. Y segundo, porque da un gran poder político a todos aquellos líderes radicales que dominan a sus colectivos. Ahora miles de personas con la antena de televisión conectada a Al Yazira y que no saben ni el idioma del país podrán votar en nuestros municipios, pase lo que pase, que para eso España es el paraíso del buenismo. Algunos partidos islamistas ya se están frotando las manos…