La joven Rennie Gibbs, del estado de Mississippi (sur de EE. UU.), podría ser condenada a cadena perpetua si la Fiscalía demuestra que el consumo de cocaína durante su embarazo le provocó la pérdida de su bebé.

Rennie Gibas tenía 15 años cuando se quedó embarazada, pero su bebé nació muerto en diciembre del 2006 después de 36 semana del embarazo. Cuando los fiscales averiguaron que Gibbs era adicta a las drogas, la acusaron de haber matado al bebé, pese a no contar con pruebas concluyentes que vinculasen el consumo de cocaína con el mortinato, comunica Guardian.

Gibbs se convierte así en la primera mujer de Mississippi acusada por el asesinato de un niño no nacido. Pero su caso no es un caso único: en Estados Unidos cada vez hay más juicios que criminalizan a las las mujeres embarazadas, según denuncian los defensores de derechos humanos.

“A las mujeres se las somete a leyes verdaderamente crueles”, comenta Lynh Paltrow del grupo estadounidense Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas (NAPW según sus siglas en inglés). “Se trata de convertir a las mujeres embarazadas en una clase diferente de personas y de eliminar sus derechos”, sostiene.

Bei Bei Shua, de 34 años, pasó los últimos tres meses en una prisión de Indianapolis (capital del Estado de Indiana). El pasado mes de diciembre, la joven intentó suicidase ingiriendo matarratas después de que su novio la dejara, y fue trasladada de inmediato a un hospital donde los médicos le salvaron la vida. Sin embargo, resultó que la mujer estaba embarazada, y el bebé que nació una semana después del intento de suicidio, murió a los cuatro días. En marzo la chica fue acusada de asesinato e intento de feticidio y actualmente permanece en prisión preventiva.

“Si no es un crimen cuando una madre interrumpe voluntariamente su embarazo, ¿cómo puede ser delito cuando lo hace sin querer, ya sea consumiendo drogas o fumando lo que sea?”, comenta Robert McDuff, el abogado de Gibbs, que se mostró confiado en que la persecuciones judiciales contra su cliente sean un caso aislado.

Los activistas por los derechos de las mujeres denuncian que la criminalización paulatina que sufren las mujeres embarazadas representa la apertura de un nuevo frente en la guerra de intereses en torno al aborto.

Al menos 38 de los 50 estados de Estados Unidos aprobaron leyes relacionadas con feticidios con el fin de proteger a las mujeres embarazadas y a sus bebés no nacidos de ataques de terceras personas. No obstante, en la mayoría de los casos las mismas mujeres fueron declaradas culpables, según la ley estadounidense.

El Tribunal Supremo de los EE. UU. legalizó el aborto en 1973 al publicar su sentencia “Roe contra Wade”. Las estadísticas apuntan que un 35% de las estadounidenses habría interrumpido voluntariamente su embarazo antes de los 45 años.