El ministro de Universidades, Manuel Castells, abandona su cargo en el Ejecutivo de coalición. Su renuncia, según el Gobierno, se debe a motivos personales y obedece supuestamente a motivos de salud. Fuentes de Universidades añaden que se trata de una decisión personal, “reposada” y tomada por motivos de salud y “prescripción médica” y en estrecha colaboración con su familia. Su relevo en la cartera, que corresponde a la cuota que tienen ‘los comunes’, lo asumirá el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, una de las personas de “plena confianza” de la alcaldesa Ada Colau y de la confluencia catalana de Unidas Podemos, según han detallado dichas fuentes.

Castells deja el Gobierno con la cantinela de haber sido el ‘ministro fantasma’ por sus escasas apariciones públicas y un cuadro de actividades casi inexistente. De hecho, su ambiciosa reforma universitaria se ha quedado en materia pendiente para su sucesor. Por otro, la Ley de Convivencia Universitaria, que derogará un decreto franquista de 1954, y actualmente en trámite parlamentario -ya ha sido aprobada por la Comisión de Ciencia y Universidades del Congreso-. Este proyecto ha suscitado las críticas de la derecha por los cambios introducidos acordados con ERC.

Con Castells al frente del Ministerio, sí se han aprobado varios reales decretos, entre ellos el que recoge los nuevos requisitos de creación de universidades. Según este real decreto, las universidades no podrán ser consideradas como tal si no disponen de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Castells, eso sí, no se va con una mano detrás de la otra. Como todo ministro cuando es cesado o deja su cargo, tiene derecho a cobrar una indemnización hasta un máximo de dos años. En ese periodo, el exministro puede cobrar el equivalente al 80% del sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años, según se recoge en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981. Como el sueldo del ministro hasta ahora ha sido de 74.858 euros anuales, el máximo a percibir puede alcanzar los 59.886 euros al año en mensualidades de 4.278 euros brutos en 14 pagas durante dos años.

Desde el año 2012, esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el artículo primero del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. También es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. Aunque el exfuncionario puede renunciar a percibir la indemnización, según se indica en el Portal de Transparencia.