El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

España tendrá que justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, para lo que tendrá que enviar a la Comisión Europea (CE) una evaluación de impacto que así lo corrobore.

Lo establece el acuerdo operativo suscrito por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario que permite empezar a solicitar el desembolso de fondos sujeto a la comprobación del cumplimiento de los compromisos semestrales.

La reforma de pensiones es uno de los hitos que hay que cumplir antes de que acabe el año y cuya primera parte ya fue acordada con los agentes sociales en el mes de julio.

Una segunda parte está en fase de negociación e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que preveía un ajuste a la baja de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.

Para mitigar el incremento del gasto en pensiones que se producirá hasta 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del “baby boom”, la Seguridad Social ha planteado un aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante diez años para volver a nutrir el fondo de reserva, la denominada “hucha” de las pensiones que se vació con la anterior crisis.

Además de la reforma legal, Bruselas demandará a España una evaluación de su impacto que demuestre que la equidad entre generaciones está garantizada.

AMPLIACIÓN DEL PERIODO COTIZADO PARA EL CÁLCULO

Los anexos del acuerdo operativo incluyen la enumeración de todas las reformas comprometidas en las componentes del plan de recuperación y, entre ellas, la extensión del periodo de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión en el marco de las nuevas carreras laborales.

Este asunto fue polémico durante la elaboración del plan hace casi un año, porque llegó a circular un borrador de la componente 30 de pensiones -cuya existencia fue negada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- en el que se elevaba de 25 a 35 años el periodo de cálculo.

El plan finalmente incluyó la extensión del periodo de cálculo, pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años.

Así se vuelve a recoger en el acuerdo operativo suscrito este miércoles, sin que la Seguridad Social tampoco haya querido hacer ahora más aclaraciones al respecto.

Fuentes del ministerio remiten a lo fijado en la componente 30, donde se dice que la medida busca “reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”.

La implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo es progresiva a partir de 2023 tras su aprobación antes del fin de 2022, según consta en la componente.