Alejandro Vélez

A Vox solo le queda presentar un recurso extraordinario de casación en el Tribunal Supremo, si quiere insistir en la expulsión del partido de Alejandro Vélez, concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, ahora no adscrito. La sección 2 de la Audiencia Provincial de Badajoz, en Sentencia número 822/202, acaba de confirmar la nulidad de la expulsión de esta formación que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional de Vox y hace suyas las conclusiones del juzgado de primera instancia del pasado 9 de febrero, según ha informado el propio concejal. La formación política recurrió la nulidad de la expulsión y, en el transcurso del procedimiento, en abril, el concejal decidió abandonar las siglas por las que se presentó como candidato a la alcaldía pacense, junto a otros miembros de este partido. Por este motivo, Vox presentó un escrito en mayo alegando posible carencia de objeto en el procedimiento judicial, pues Vélez ya se había ido voluntariamente. Pero el concejal respondió que no se conformaba pues no estaba de acuerdo con la expulsión, que tuvo su origen en la negativa del concejal a cesar como personal de confianza a Juan Antonio Morales.

De todos los argumentos de la Audiencia Provincial, el concejal destaca que le dé la razón en “el interés legítimo” a insistir en la anulación de su expulsión, pues “para la reputación de un político no es lo mismo irse voluntariamente de un partido, que ser echado a la fuerza. No creemos que sean necesarias mayores consideraciones jurídicas al respecto. Solo abundar en que la expulsión es un castigo y, ello, por sí mismo, tiene claras connotaciones negativas para cualquiera…”

Para el concejal no adscrito, “con esta nueva sentencia se hace aún más evidente que los desmanes totalitarios de ésta organización contra sus afiliados, pueden y deben ser corregidos por la justicia, siempre que se cuente con una buena dirección letrada”. Vélez sostiene su interés en que la decisión de Vox se anulas, a pesar de que había abandonado ya este partido, en que “afecta a sus decisiones como concejal, así como a sus retribuciones” pues la legislación de régimen local impone limitaciones a los derechos económicos de los concejales no adscritos.