El Tribunal de Cuentas ha acordado el embargo de bienes de UGT por valor de 9,74 millones de euros, cantidad que se reclama a este sindicato en el expediente abierto por su presunta responsabilidad contable derivada del caso de los ERE de Andalucía. Esta medida, que afecta a 49 locales de la organización de trabajadores, tiene su origen inmediato en el acta de liquidación dictada el pasado 15 de julio por el delegado instructor de dicho procedimiento, donde se exige a UGT la mencionada suma a resultas de las investigaciones iniciadas hace más de diez años sobre las irregularidades en la gestión de ayudas a empresas en crisis concedidas en la comunidad andaluza.

La aportación de bienes del sindicato se ha hecho, por tanto, para evitar males mayores si se hubieran tomado otras medidas que dificultaran su actividad. UGT, en todo caso, ha hecho constar al delegado instructor su disconformidad con los hechos recogidos en el acta de liquidación, para lo que la ha recurrido ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas. Esta impugnación se resolverá a partir del próximo septiembre. En todo caso, es poco probable que prospere, porque para ello sería preciso que se apreciara una vulneración de derechos fundamentales, una alegación que no suele salir adelante en este tipo de procedimientos.

Fue el pasado 15 de julio cuando el alto tribunal dictó un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas socio laborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Acta de liquidación provisional

El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001-2010.

Aquí se cita como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO.; y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la U.G.T., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.

Los procedimientos abiertos, según la información facilitada por el tribunal de fiscalización contable son tres: en relación “Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad”; “Ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, 2001-2010”; y por “Gastos de gestión/administración abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros colectivos de prima única”.