FP.- El Constitucional ha sentenciado que no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición del CNI que propició la entrada por la puerta de atrás de Iglesias.

Durante los meses más duros de la pandemia, Sánchez negoció el traslado de etarras al País Vasco y la cesión de competencias de prisiones al Lendakari y modificó las penas por romper España para congraciarse con los golpistas en Cataluña.

Aprobó leyes exprés ideológicas para contentar a los nacionalistas y a los podemitas, ley de educación que desprecia el castellano y acaba con la libertad educativa, la eutanasia contra el criterio de expertos y científicos, recrudecimiento de la ley de memoria histórica.

Intentó el asalto a la justicia y materializó la conversión de la fiscalía en un instrumento al servicio del Gobierno.

Subvencionó empresas fantasma y blanqueó la dictadura venezolana en todos los ámbitos que pudo.

Utilizó toda la propaganda para asfixiar al gobierno de Ayuso, máximo adversario en la gestión de la crisis sanitaria.

Y por supuesto colocó al neocomunista Pablo Iglesias en el órgano de control de la inteligencia del Estado.

Ahora el Tribunal Constitucional, bien es verdad que tan tarde que Iglesias ha abandonado el gobierno, reprocha la espuria utilización de la crisis sanitaria para ocultar decisiones partidarias, autoritarias y antidemocráticas.

El llamado bloque de investidura, que nació del bloque de censura a Rajoy por una frase reprochada por los tribunales de un juez adicto al régimen social-comunista, Podemos, ERC, Bildu y PNV, ha exigido al PSOE la paga por el voto y Sánchez ha cumplido con ellos aprovechando el dolor de la tragedia de la enfermedad y muerte por culpa del COVID.

Hoy una de esas decisiones tomadas bajo el velo del dolor ya ha sido anulada.