LR.- El juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha archivado la denuncia por delito de odio en los carteles de Vox. La resolución señala que los mensajes sobre los “menas”, los menores extranjeros no acompañados, son el ejercicio de la libertad de expresión de Vox, que concurre a unas elecciones con la difusión de un programa.

De este modo, la magistrada titular de este juzgado decreta el archivo provisional porque “esos mensajes tampoco presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo” contra los menores no acompañados.

Pese a que la Fiscalía y los partidos de izquierda denunciaron que la cifra de 4.700 euros de coste mensual por joven era una falsedad y una manipulación, la jueza considera que no es labor de la “jurisdicción penal” establecer si ese dato es cierto o no y, por tanto, no debe ser tenida en cuenta.

A juicio de la magistrada, el PSOE denuncia aspectos de la campaña de Vox que se refieren fundamentalmente a mensajes de divulgación en carteles, en su web y en las redes sociales Twitter y Facebook sobre extranjeros menores acogidos en España y otros colectivos como inmigrantes que cometan delitos, musulmanes que justifiquen la violencia contra mujeres y homosexuales, bandas callejeras y ocupas.

La jueza fundamenta que “el contexto en el que se producen los hechos, en el marco de la campaña electoral, resulta fundamental como realidad social del tiempo en el que debe aplicarse el Código Penal”. Así, añade, “los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración de Vox, así como la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones”, añade.

Agrega que “Vox, como formación política que concurre a las elecciones, propone un programa que incluye una política determinada en materia de inmigración y en clave electoral con el eslogan ‘Protege Madrid’ publica carteles y difunde mensajes relativos a los menores extranjeros acogidos en España, personas desde luego especialmente vulnerables”.

El cartel genera “hostilidad” y “rechazo social”

Hay que recordar que la Fiscalía presentó un recurso de apelación en la Audiencia de Madrid contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de la capital, en funciones de guardia, por denegar la retirada cautelar del polémico cartel, como solicitaba el Ministerio Público.

En ese escrito, la Fiscalía insistía en que caracterizar a esos menores de esa manera genera “hostilidad” y “rechazo social” hacia los “menas”, así como su “cosificación y deshumanización”, constituyendo un “ataque a la dignidad de todo el colectivo”.

Asimismo, hacía hincapié en que el cartel traspasa la libertad de expresión del partido político y se ha difundido, además, de manera pública al colocarlo “en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte” madrileño (Sol).