Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha incoado diligencias previas contra el entonces presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ahora vicepresidente, Bartolomé Lora y los miembros del consejo de administración del organismo público por la presunta comisión de un delito de malversación de fondos en relación al polémico rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea Plus Ultra.

Cuatro secretarias de Estado y quince altos cargos

Cabe recordar que aunque la jueza aún no ha citado a nadie a declarar, ni como investigado ni como testigo, y se ha limitado a pedir la identificación de los miembros del consejo de administración, de él forman parte cuatro secretarias de Estado (Economía, Hacienda, Industria y Defensa) y, en total, quince altos cargos del Gobierno. En un auto fechado el 8 de abril pero conocido este miércoles, la jueza abre diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, a través de su secretario general, Miguel Bernard. Aunque el procedimiento está en una fase muy temprana, la titular del juzgado al que ha sido turnada la denuncia entiende que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, entre las diligencias ya acordadas, está la de solicitar a la SEPI que remita al juzgado el expediente completo de la ayuda tramitada.

Por el contrario, aún no ha citado a declarar a nadie, ni en calidad de investigados ni de testigos. En la resolución, la magistrada da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Bartolomé Lora y al resto de miembros del consejo de administración, «que deberán ser identificados». Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.

Un rescate cuestionado

El rescate de la aerolínea, de capital venezolano en un 47 % y que cuenta con un solo avión, provocó una enorme polvareda política. En pérdidas desde antes del estallido de la crisis sanitaria y con dudas sobre su consideración de empresa estratégica -pese a los informes esgrimidos para la concesión de la ayuda- las voces que cuestionan la legalidad y validez de su acceso a la financiación pública no han dejado de crecer.

Fuentes cercanas al consejo gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, consultadas por Europa Press, expresan una disposición plena a colaborar con la justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento. Según estas fuentes, las ayudas a la compañía cumplen todos los requisitos de elegibilidad, y las condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Las mismas fuentes indican que se trata de una ayuda amparada por la normativa comunitaria y en ningún caso se trata de una subvención a fondo perdido. Así, Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del covid. Una comisión de seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea.