La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso – administrativo presentado por el Partido Popular contra el órgano que ha creado el Gobierno de coaliciónpresidido por Pedro Sánchez para luchar contra la desinformación y las noticias falsas y que los populares definen como un ‘Ministerio de la Verdad’.

Diputados del Grupo Parlamentario Popular presentaron el pasado día 26 el recurso contra la orden por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de noviembre.

Según este nuevo procedimiento, el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

Tras la admisión a trámite de este recurso el pasado martes y su notificación a las partes, la Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio de la Presidencia la remisión de los expedientes administrativos sobre dicha orden en el plazo de veinte días, según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, dispone de un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición. Transcurrido el cual, según han indicado a Europa Press fuentes populares, la formación liderada por Pablo Casado presentará la demanda en que expondrá los argumentos del recurso.

Paralelamente, el PP puso en marcha una campaña en redes para denunciar “ese Ministerio de la Verdad”, con vídeos en los que podía verse a miembros del partido con la boca tapada y una cinta de “contenido censurado” así como una simulación de noticias censuradas de distintos medios de comunicación.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, explicó esta misma semana que existen “dos formas” de luchar contra la desinformación y las injerencias. “Una, que sea el jefe del gabinete del presidente el que decida lo que es verdad y lo que es mentira, y otra hacer una comisión parlamentaria”, señaló.

Así, García Egea explicó que en la citada comisión contaría con “prensa, editores, periodistas, grupos parlamentarios y sociedad en general”, y en ella se podrían “articular mecanismos que permitan combatir las injerencias”, utilizando para ello los medios que la “tecnología pone” a su servicio.

Objetivo, detectar injerencias

Moncloa ha subrayado en varias ocasiones que el objetivo del procedimiento de actuación contra la desinformación no pretende controlar la información que publican los medios de comunicación ni vigilar la veracidad de las noticias, sino detectar injerencias extranjeras que busquen influir en la opinión pública española.

Asimismo, ha defendido que todo el procedimiento está en manos de técnicos, que son los encargados de informar al Gobierno si se detecta una campaña de desinformación para que se decida la respuesta, si se informa a la Unión Europea o se pide la colaboración de los medios de comunicación.

El Departamento de Seguridad Nacional lleva ya dos años trabajando en la detección de desinformación, instado por la Unión Europea, y el nuevo procedimiento tiene el objetivo de incluir en el organigrama a los medios de comunicación y otros organismos civiles a los que podría recurrir el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, en el caso de necesitar combatir una de estas campañas.

Desde el año 2018, los expertos en Seguridad Nacional han detectado en España alguna campaña de desinformación muy importante procedente del extranjero, pero no relacionadas con los sucesivos procesos electorales que se celebraron en 2019.

Sí que se han constatado estas campañas de influencia en la opinión pública en otros procesos en el extranjero, como el referéndum sobre el Brexit, las elecciones presidenciales de Francia en las que venció Emmanuel Macron o los comicios de Estados Unidos del año 2016 por las que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Actualmente la Unión Europea sospecha de una campaña de desinformación contra la vacuna del Covid-19 y podría llegar el caso de tener que combatirla a través de una respuesta que se articule a través de los medios de comunicación.