El Barça sigue recibiendo golpes a su maltrecho estado financiero. El último, a cuenta de Hacienda, que ha impuesto al club azulgrana una sanción millonaria por el impago de casi nueve millones de euros en concepto de retenciones por los rendimientos de trabajo no abonados durante tres años (2012-2015), y al que le reclama ahora un total de 22,7 millones al sumarle la multa por los tres años de retraso.

La multa le viene al Barcelona en el peor momento, por lo que ha tenido que recurrirla ante la Audiencia Nacional ante la imposibilidad de hacer frente a dicha cantidad, según el auto al que han tenido acceso diversos medios digitales.

La gestora que dirige el club tras la dimisión de Josep María Bartomeu refleja en su recurso la situación excepcional a la que se enfrenta debido a la pandemia del covid-19. «El coronavirus no solo ha afectado a los ingresos y los gastos del club, sino que también ha devaluado temporalmente su intangible más preciado, esto es, el valor de su plantilla».

En el auto la Audiencia acepta conceder las medidas cautelares solicitadas por el Barça debido a «la comprometida situación de la tesorería del club y a la negativa de diversas entidades financieras a concederle aval».

La junta gestora del Barcelona, presidida por Carles Tusquets, sigue maniobrando para rebajar unos 300 millones de las partidas de gastos del club, toda vez que los ingresos han caído por encima del 30 por ciento en los últimos meses.

Solo en sueldos de la plantilla necesita rebajar 190 millones. Y necesita hacerlo cuando antes, aunque la negociación con los jugadores se está alargando más de lo deseable para el club. La posibilidad de declarar un concurso de acreedores es cada vez más real.