María Amparo Martínez.- Soy madre de un niño de nueve años y de profesión abogada. Llevo defendiendo los derechos de los ciudadanos más de 20 años y, como no podía ser de otra manera, en estos momentos me toca defender los míos y los de mi hijo.

Desde mediados de agosto escucho noticias alarmistas que solo pretenden infundir miedo, e incluso podía decir que pánico, en las familias que dudan en llevar al colegio a sus hijos por miedo al contagio, y obviamente con la actual situación de la pandemia, en la que los casos aumentan exponencialmente cada día, no es para menos y es normal que surjan todo este tipo de dudas.

En primer lugar, me gustaría pedir a todas aquellas personas que tienen la osadía de opinar sobre quién tiene razón absoluta en esta cuestión y que a los padres y madres que hemos tomado esta dificilísima decisión nos llaman irresponsables y nos ponen todo tipo de “pegatinas, que por favor se abstengan de hacerlo, porque no saben las razones por las que esa familia ha decidido anteponer y priorizar el derecho a la vida de su hijo sobre el derecho a la educación.

Cada familia tiene sus circunstancias personales y su forma de afrontar esta grave crisis sanitaria, y quizás en este caso nuestra “debilidad” sea pecar de responsables. Y desde luego igualmente en sentido contrario, no seré yo quien diga a alguien lo que tiene que hacer, pues cada uno es libre de hacer lo que considere más oportuno. Por lo que pido respeto para todos ellos, al igual que para nosotros. Todos pedimos lo mismo, una enseñanza segura.

Pues sí, soy una de esas madres que, una vez analizada la situación actual de la pandemia, que en pleno segundo rebrote y con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad en los que Madrid está a la cabeza de todo, ha tomado la “irresponsable” (irónicamente, claro) decisión como madre de cumplir con los deberes impuestos en nuestro código civil. Y también en nuestra Constitución, ya que en su artículo 154 me obliga a velar por la integridad física de mi hijo.

Me impulsa una más que razonable posibilidad de que mi hijo se contagie en un aula de pequeñas dimensiones donde entran en convivencia 20 niños de 9 y 10 años durante más de cinco horas, en las que será imposible mantener las medidas de seguridad e higiene impuestas por la OMS, ya que, para empezar, los geles que se administran en las escuelas no son antivirucidas, sino que son antibacterias y el coronavirus no es una bacteria sino un virus.

Tampoco existe una buena ventilación en las aulas, que no disponen de equipos purificadores de aire con filtro hepa. Las mascarillas tampoco son eficaces “per se”, ya que se deberían cambiar cada pocas horas. Se ha demostrado científicamente que el coronavirus puede viajar hasta una distancia de 4,8 metros, por lo que la distancia entre alumnos recomendada no se cumple ningún colegio de España.

Me pueden tildar de loca, alarmista o insumisa, pero tengo claro que cuando dos derechos fundamentales colisionan, como sucede en este caso, para mí lo prioritario es velar por la salud de mi hijo y por ende la de mi familia, pero sin renunciar a su educación.

Tengo a mi cargo a mi madre, que es viuda, vive sola, es una persona de riesgo, y no puedo permitir ponerla en peligro a ella también.

Aún a sabiendas de que lo más probable es que me tenga que enfrentar a los servicios sociales y numerosos trámites administrativos, lucharé con uñas y dientes para acreditar que su situación no puede considerarse en absoluto como absentismo escolar, porque su padre y madre nos encargaremos que reciba toda la educación necesaria en casa.

Es la decisión más difícil que pueden tomar unos padres en esta situación, pero asumo los sacrificios que tendremos que hacer para salvaguardar lo más preciado del ser humano, que es su vida.

Llegados a este punto, también quiero poner de manifiesto que si bien priorizo el derecho a la salud y a la vida frente al derecho a la educación, esto no quiere decir que renuncie al mismo ni muchísimo menos, ya que en todo momento lo que estoy solicitando es que a los padres se nos deje elegir entre una enseñanza presencial u online, o que se nos den los medios necesarios (materiales, fichas, pautas,) para que nuestros hijos puedan seguir las clases y sean evaluados en sus hogares de forma adecuada, segura y supervisada por sus tutores y profesores.

No es que se me antoje que mi hijo se tenga que quedar en casa, sino que estamos en una pandemia mundial y en esta situación no nos podemos excusar en exigir el cumplimiento de algunas normas ciñéndonos a su literalidad sin tener en cuenta las circunstancias actuales, porque existe también un artículo en el Código Civil que dice que “las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, artículo que me temo que tendremos que alegar mucho en todos los procedimientos que se abran por esta causa.

Claro que estamos viviendo una situación nueva para todos, para padres, colegios, educadores, niños, servicios sociales, fiscales y jueces, políticos y también para los legisladores, por este motivo las normas se tienen que adaptar y aplicar teniendo siempre en consideración la situación de excepcionalidad de que estamos viviendo y de la que no hay precedente alguno.

No se puede comprender que en terrazas y bares esté prohibido estar más de seis personas en una mesa al aire libre, pero sin embargo se obligue a que 20 niños permanezcan en un aula cerrada (habitualmente de escasas dimensiones) durante varis horas seguidas.

Me gustaría que el Ministerio de Educación pusiera un poco de cordura a todo esto y que no se nos obligue a tragar con ruedas de molinos a los padres que decidimos anteponer la salud de nuestros hijos a su educación, pero sin renunciar a ella, y que no se nos intimide con la posibilidad de abrir expediente de absentismo escolar o de dar parte a la Fiscalía.

Mi marido y yo somos unos padres normales que han escolarizado todos los años a su hijo, que ha asistido de forma presencial y ha finalizado todos sus cursos con buenas notas, y que volverá a ir al colegio cuando salga la vacuna. Siempre hemos participado de manera activa en su educación, tanto asistiendo a todos los talleres realizados por los profesores como ofreciéndonos de manera voluntaria para colaborar en otras actividades del colegio.

No somos unos padres antisistema, ni insumisos ni ningún otro adjetivo que pueda dar a entender que no creemos en nuestro sistema educativo. Nada más lejos de la realidad, pero esta situación de ninguna de las maneras puede equipararse ya que es totalmente puntual, atípica, excepcional, totalmente justificada y sin precedentes.

¿En serio pueden pensar que un juez me va a condenar por abandono familiar por proteger a mi hijo de que pueda contraer una enfermedad mortal? ¿Pensáis que algún juez me puede quitar a mi hijo porque considere que no he cumplido con mi obligación de velar por su educación, cuando la misma colisionaba de forma frontal con el derecho a la vida? Pues yo tengo el firme convencimiento de que no lo hará, y lo defenderé hasta la extenuación donde lo tenga que hacer.

¿Pensáis que unos servicios sociales serán capaces de iniciar expedientes de absentismo escolar por ser unos padres responsables que están protegiendo a sus hijos recibiendo una correcta educación en sus casas ante una situación tan grave como esta pandemia mundial? Sinceramente, no creo que tengan el valor de hacerlo, pero en el caso que reciban órdenes superiores lo lucharé hasta la última instancia, por mínima que pueda ser la sanción, porque llevo toda mi vida defendiendo los derechos de los ciudadanos y en este caso comenzaría por defender los míos.

No es tan difícil poner unas cámaras en las clases y compatibilizar las clases presenciales con las online, cuando ya hay experiencia en ello. Dejen ya de amedrentar a los padres, de amenazar, den soluciones y ayuden a que los niños sigan aprendiendo de forma segura en sus hogares. Rectificar es de sabios y esta es vuestra oportunidad.

* María Amparo Martínez Marián es abogada y madre y vive en Torrejón de Ardoz, Madrid.