La única imagen que se tiene de Ayman N. Debido a su custodia, no es fácil sacarle una foto.

A los 2.000 habitantes de un pueblo de Anhalt-Bitterfeld en Alemania se les presenta una imagen extraña casi todos los días. Cuando el refugiado sirio Ayman N., de 19 años, quiere ir de compras a la ciudad, cuatro policías vestidos de civil lo siguen con dos vehículos separados a unos metros de distancia. No se le permite salir de su alojamiento más allá del supermercado. Esto también está controlado por un tobillera electrónica en su pierna.

Según el diario Volksstimme, se han invertido unas 95.000 horas por hombre para su vigilancia. A una tarifa horaria de 52 euros por funcionario, eso equivale a casi cinco millones de euros. No se han incluido los costes de vehículos ni otros recursos materiales.

Se supone que actualmente se utilizan cuatro hombres para la vigilancia por turno, es decir, doce oficiales por día. ¿El motivo de todo este esfuerzo a costa de los contribuyentes? El joven está catalogado como una amenaza islamista en el país y desde 2017 está a la espera de ser juzgado ante el Tribunal Supremo de Berlín.

El simpatizante del Estado Islámico, que ingresó al país como un menor refugiado no acompañado en otoño de 2015, gracias a los planes de migratorios de la Unión Europea, vivió en Osternienburger Land hasta enero de 2017 y se puso en contacto con personas de ideas radicales afines por Internet.

Según la fiscalía, grupos vinculados a ISIS le enviaron a Ayman instrucciones para la fabricación de un fusil de asalto AK-47 casero, y le explicaron a través de un chat dónde se pueden obtener armas y cómo se puede fabricar un cinturón explosivo. El sirio también le dijo por chat a una persona de este grupo, que resultó ser un oficial de protección constitucional que trabajaba encubierto, que estaba planeando “algo más grande” y habló de un atentado en Berlín.

Finalmente, el joven fue atrapado por la policía alemana antes que avance a realizar el atentado y se le iniciaron causas legales.

tres días a puertas cerradas en audiencia en septiembre de 2017, el Tribunal Regional declaró que ya no era responsable y remitió el caso al Tribunal de Berlín. La razón: hubo nuevas acusaciones sobre la pertenencia a un grupo terrorista extranjero y el caso pasó a mayores.

Pero la Cámara de Comercio de Berlín también suspendió temporalmente el procedimiento después del cuarto día de audiencia en diciembre. La portavoz del tribunal, Lisa Jani, explicó que “seguían siendo necesarias investigaciones de seguimiento”.

El fiscal general de Naumburg es ahora responsable del caso, que lleva 3 años en proceso mientras Ayman está bajo libertad condicional, con un equipo monitoreándolo, esperando juicio. Su portavoz, Klaus Tewes, confirma: “Cuándo se podrán concluir las investigaciones todavía es algo a considerar”. La “vigilancia” es una medida puramente policial para evitar cualquier amenaza a terceros.

El Ministerio del Interior no quiere comentar sobre el caso. Los sindicatos policiales están molestos por su ocupación constante. El jefe del sindicato de policías (GdP), Uwe Bachmann, habla de “algo extremadamente desafortunado”. Su colega de la Asociación Alemana de Detectives, Peter Meißner, dijo que “no podemos vigilarlo para siempre”.

En 2018 la inteligencia alemana estaba vigilando a 90 comunidades de mezquitas, especialmente de habla árabe por sus conexiones con el terrorismo y actividades criminales. Cada individuo que es considerado una amenaza es vigilado las 24 horas por 4 oficiales en turnos de 8 horas. De acuerdo al reporte anual del servicio de inteligencia alemán en 2019 existen en el país más de 1.000 miembros de Hezbollah y 300 de Hamas operando en total libertad.

El enorme costo de tener fronteras abiertas y brazos abiertos a todos, incluso al terrorismo islámico.