Mar Moreno, consejera andaluza de Presidencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará la subvención de 16,67 millones de euros que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió el 5 de mayo pasado, el mismo día en que se acordó la disolución de este ente adscrito a la Consejería. La FAFFE es un elemento clave de la «administración paralela» de la Junta, según expuso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante el órgano judicial.

El sindicato presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 20 de mayo contra la resolución de Empleo de 19 de abril por la que se destinaba esta ayuda al entender que la Faffe era una entidad «inexistente» por estar destinada a formar parte de una de las Agencias creadas por José Antonio Griñán con su decretazo, cada vez más rechazado incluso por instancias judiciales. La Consejería justificó la subvención por la «puesta en marcha de acciones de mejora de la empleabilidad y la inserción laboral en el marco del Servicio Andaluz de Empleo».

CSIF optó por impugnar la subvención millonaria ante el TSJA al considerar que estaba «fuera de toda lógica la adopción de un acuerdo» que engordaba más aún las arcas de la Faffe «precisamente el mismo día en el que se acuerda la disolución de la misma», según explica en un comunicado. Sin embargo, el consejero de Empleo Manuel Recio defendió en el Parlamento, el pasado 26 de mayo, que la subvención de 16,67 millones estaba prevista en el presupuesto de la comunidad para 2011, negando así que dicha subvención se concediera diez días antes de la disolución de esta fundación, tal y como denunció el PP-A.

Según Recio, en una peculiara interpretación del Derecho Administrativo, los fines para los que fue otorgada la citada ayuda a la FAFFE no desaparecen con la extinción de dicha fundación, tras la reordenación del sector público, «sino que, al igual que el resto de sus objetivos y proyectos, se mantiene».

José Loaiza, presidente del PP de Cádiz y diputado andaluz, criticó que se le diera una subvención a una fundación «que ya no existe», y auguró que tendrá que responder por ello ante el juzgado.

En ocho años de vida, la fundación ha recibido cerca de 260 millones de euros a través de aportaciones de la Junta, ya sea para mantener su «megaestructura» o encomendarle gestiones específicas. Con su extinción, sus trabajadores dependen directamente de la nueva Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuyos estatutos también han sido recurridos por el mismo sindicato y están siendo investigados por el TSJA.

Más actuaciones judiciales contra el decretazo

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso del sindicato Ustea contra los protocolos de integración del personal de las diversas agencias públicas creadas dentro de la ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. El recurso se suma a los presentados contra los decretos por los que se aprueban los estatutos de las nuevas agencias públicas.